Los 'consellers' Olga Pané y Ramon Espadaler durante el cierre del acuerdo este jueves, 30 de octubre, en Can Brians
Espadaler y Pané sellan un pacto histórico para reforzar la salud mental en las prisiones catalanas
El acuerdo, firmado este jueves en Brians 1, garantiza una atención sanitaria integral y equitativa para las personas internas en centros penitenciarios y de justicia juvenil
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Este jueves, el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y la consellera de Salud, Olga Pané, han sellado un pacto histórico en el ámbito penitenciario catalán.
Ambos han rubricado, desde el Centro Penitenciario Brians 1 (Sant Esteve Sesrovires), un nuevo acuerdo de coordinación para mejorar la atención en salud mental y el tratamiento de las adicciones de las personas privadas de libertad en Cataluña.
El acto ha contado con la presencia de profesionales de los ámbitos sanitario y penitenciario, y refuerza una línea de trabajo iniciada en 2017 entre ambos departamentos.
Desde entonces, la colaboración entre Salud y Justicia ha permitido adaptar el modelo sanitario comunitario al contexto penitenciario, desarrollando programas específicos de atención integral en salud mental y adicciones. La renovación de este compromiso marca un nuevo paso adelante hacia un modelo más humano, equitativo y coordinado.
El 60% padece trastornos mentales
Según datos del Departamento de Salud, seis de cada diez personas internas presentan algún tipo de trastorno mental, una prevalencia siete veces superior a la del conjunto de la población.
En muchos casos, los cuadros están asociados al consumo de cannabis, cocaína o heroína, y corresponden a pacientes crónicos que requieren atención continuada y multidisciplinar.
Fachada del Centro Penitenciario Brians 2 en Sant Esteve Sesrovires, Barcelona Europa Press
Esta realidad evidencia la necesidad de un abordaje integral, que no se limite al tratamiento puntual, sino que incluya prevención, rehabilitación y acompañamiento en el medio abierto.
Asistencia integral y equitativa
El nuevo acuerdo busca garantizar que las personas internas reciban una cartera de servicios sanitarios equivalente a la que se ofrece fuera de prisión, reconociendo su derecho a una asistencia integral y equitativa.
Entre sus ejes principales se encuentran: la ampliación de la atención en salud mental --más allá del trastorno grave--; el refuerzo de las estrategias de prevención del suicidio y sobredosis, y la mejora de los tratamientos de adicciones en todas las fases de la ejecución penal --desde las prisiones hasta los centros de justicia juvenil y el medio abierto--.
Un modelo pionero
En el ámbito penitenciario, la asistencia primaria recae en el Institut Català de la Salut (ICS), mientras que los servicios especializados en salud mental son contratados por el CatSalut con cinco entidades proveedoras: Sant Joan de Déu, Altaia, Institut d’Assistència Sanitària de Girona, Institut Pere Mata y Hospital Santa Maria.
Además, la Fundació Salut i Comunitat gestiona los Centros de Asistencia Sanitaria (CAS) en Brians 1 y 2, dedicados a las drogodependencias, mientras que el ICS mantiene los programas de reducción de daños.
Vista de la cárcel de Wad Ras, en Barcelona Barcelona
El acuerdo garantiza la continuidad asistencial, incluyendo hospitalización, rehabilitación intensiva, atención ambulatoria y seguimiento individualizado para los internos en régimen abierto.
Prevención del suicidio
La prevención del suicidio constituye otro de los ejes prioritarios. Justicia y Salud se comprometen a reforzar las acciones conjuntas y coordinar programas específicos en colaboración con el Programa Benestar, orientado a abordar la salud emocional dentro de los centros penitenciarios y de justicia juvenil.
El objetivo es reducir el sufrimiento y prevenir conductas autolesivas, desplegando medidas tanto en el ámbito cerrado como en el medio abierto.
Imagen del Centro Penitenciario de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada
Adicciones: tratamiento integral y continuo
En materia de adicciones, el pacto apuesta por un modelo de atención integrada e integral, que combine estrategias de reducción de daños (como los programas de metadona) con tratamientos libres de drogas y programas de sensibilización y prevención.
El reto es mejorar la intervención psicosocial y garantizar la coordinación entre los servicios sanitarios y penitenciarios, facilitando el acceso a recursos terapéuticos y asegurando la continuidad asistencial tras la salida de prisión, clave para la reinserción social.
Unidades de Intervención Compensatoria
El nuevo acuerdo también consolida las Unidades de Intervención Compensatoria (UIC), creadas para atender a personas con vulnerabilidad acumulada —como discapacidad intelectual, trastornos mentales, adicciones severas o fragilidad física— que no cumplen los criterios de ingreso en unidades psiquiátricas.
Actualmente, operan en Brians 1 (mujeres) y Puig de les Basses (Figueres), con resultados muy positivos, y el objetivo es que todos los centros penitenciarios de Cataluña dispongan progresivamente de estas unidades.
Las UIC buscan mejorar las condiciones de vida y el tratamiento de este colectivo, al tiempo que favorecen un clima emocional más saludable en el conjunto del entorno penitenciario, beneficiando a internos, familiares, profesionales y entidades colaboradoras.
