Todo lo que se sabe sobre la nueva financiación pactada entre Gobierno y Generalitat

La Generalitat y el Gobierno de España han rubricado un acuerdo en materia de financiación autonómica que no deja de ser una declaración de intenciones.

Hay voluntad política por ambas partes para reformar el sistema, como detalla el propio documento sellado en la comisión bilateral de este lunes en Barcelona, pero por ahora sólo hay una propuesta de cómo debería ser este modelo para encajar entre las pretensiones de ERC y a la par no salir del régimen fiscal común.

Los republicanos pusieron como condición para investir a Salvador Illa que Cataluña tuviera una financiación singular, aunque el partido entonces liderado por Marta Rovira incidió en que el objetivo era tener la clau de la caixa.

Es decir, que la Hacienda catalana pudiese recaudar y gestionar los impuestos que se pagan en el conjunto de la región; algo que queda completamente reflejado en el acuerdo. Ya se trabaja, de hecho, en "preparar" a la Agencia Tributaria Catalana, un cometido sobre el que habrá avances próximamente pero que atañe una gran complejidad.

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La cesta

Con la propuesta presentada se pretende, en cualquier caso, que Cataluña –y cualquier autonomía que así lo desee– tenga la capacidad jurídica y material para poder recaudar impuestos.

El acuerdo se articula mediante una cesta de tributos, en la que cada administración tendría asignado un porcentaje, con aportaciones al Estado por servicios prestados, una cuota de solidaridad y una compensación por las competencias exclusivas que ya ejerce la Generalitat, como las prisiones o los Mossos d’Esquadra.

Reformar la LOFCA

Más allá del País Vasco y Navarra, con concierto económico propio, para que una autonomía pueda recaudar y gestionar tributos propios debe acometerse una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas (LOFCA).

Requiere de una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Este es el primer obstáculo que se presenta, pues la intención del Govern era poder recaudar el IRPF íntegramente en 2026 y, ahora, no es legalmente factible.

El Gobierno ha confirmado que el modelo será llevado al Consejo de Política Fiscal y Financiera tras el verano, junto a otras leyes que también deberían modificarse para aplicar el sistema. En paralelo, Junts ha criticado que el acuerdo no garantiza una financiación más ventajosa, ni supone una ruptura real con el sistema actual.

La bilateral entre la Generalitat y el Gobierno de España celebrada en Barcelona ha sentado las bases para un nuevo modelo de financiación catalana, que dependerá de una modificación de la LOFCA en el Congreso de los Diputados y será extensible al resto de las autonomías.

No se saldrá del régimen común, como temía la oposición de Pedro Sánchez, pero el Govern podrá recaudar la totalidad de los impuestos y gestionarlos, aportando una cuota de solidaridad aún sin concretar.

Albert Dalmau y Alícia Romero, junto al ministro Ángel Víctor Torres, durante la Comisión Bilateral Estado-Generalitat en el Palau de la Generalitat Europa Press

Principio de ordinalidad

La principal clave acordada entre los consellers de Presidencia, Albert Dalmau, y Economía, Alícia Romero, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sobre este nuevo sistema es el principio de ordinalidad, que queda blindado.

Así, Cataluña preservará su posición en el ranking de balanzas fiscales tras saldar su deuda con el Estado por los servicios que este presta y, además, transferirse desde Madrid una compensación por las competencias singulares que la Generalitat tiene ya asumidas y otras autonomías no.

Este principio ha sido incorporado expresamente en el documento pactado este lunes. Como resumen, se garantiza que Cataluña no quedará por debajo en recursos en comparación con otras comunidades tras cumplir sus obligaciones contributivas.

Según han asegurado ambas partes en el Palau de la Generalitat, en la propia comisión y tras una reunión para explicar el acuerdo a los grupos parlamentarios que han querido asistir, "es un modelo bueno para Cataluña y para España".

En cualquier caso, el proyecto sigue con muchas incógnitas y también con un largo recorrido tanto político como legal, pues añaden que para poder recaudar íntegramente el IRPF en 2026, que era el plan, también hay que modificar la LOFCA.

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La Agencia Tributaria Catalana "todavía no está preparada"

Asimismo, el conseller Dalmau ha asegurado que la Agencia Tributaria Catalana no está preparada todavía para asumir la totalidad del impuesto sobre la renta, que en total supone 30.000 millones de euros. A día de hoy gestiona unos 5.000 millones y cuenta con 839 empleados, frente a los más de 3.800 que tiene la Agencia Estatal en Cataluña.

Además de una ley que transfiera capacidad normativa a la Hacienda catalana, también se trabaja en un plan director junto con Indra para dotar al organismo de capacidad técnica y más recursos humanos, sobre el que el Govern, aseguran, dará más detalles la próxima semana.