Cataluña desbloquea una financiación 'singular' que dependerá del OK de Junts en Madrid

Cataluña desbloquea una financiación 'singular' que dependerá del OK de Junts en Madrid

Política

Cataluña desbloquea una financiación 'singular' que dependerá del beneplácito de Junts en Madrid

El acuerdo suscrito entre la Generalitat y el Gobierno de España, que por ahora satisface a ERC, requiere de una modificación de la LOFCA en el Congreso de los Diputados para poder desplegarse

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El acuerdo alcanzado ayer entre Generalitat (PSC) y Gobierno (PSOE) sienta las bases para un nuevo modelo de financiación que por ahora satisface a ERC, cuyo principal objetivo era que Cataluña pudiese recaudar y gestionar todos los impuestos.

Así lo recoge la propuesta asumida por la Administración central, que también pone sobre la mesa el principio de ordinalidad que reclama el Govern y reconoce la singularidad catalana sin perjuicio de que otras regiones puedan adherirse a este cambio de régimen fiscal generalizable, que en cualquier caso contempla una cuota de solidaridad obligatoria con un porcentaje todavía por fijar. 

ERC exige más concreciones

Los republicanos conocen de primera mano lo que le ha costado al Govern llegar hasta aquí, con una ministra de Hacienda María Jesús Montero reacia a algunos de los puntos acordados, y negociaciones in extremis para salvar una bilateral que corría el riesgo de quedarse sin contenido. Pero quieren más.

Que no haya cifras ni calendarios más allá de las buenas intenciones es el principal reproche de los de Oriol Junqueras, que seguirán negociando y tensando la cuerda en las próximas semanas especialmente en cuanto a la ordinalidad, que el Gobierno no blinda en el acuerdo, y la Hacienda catalana, que puede ir dotándose de más recursos por parte de la Generalitat sin pasar por Madrid.

Todo pasa por la LOFCA

No obstante, el traspaso del IRPF a la Agencia Tributaria de Cataluña, que a priori constituye el primer paso para el despliegue de la nueva financiación, dependerá de las modificaciones legales que se aprueben en el Congreso de los Diputados.

Sin un cambio legal que dote al organismo de capacidad normativa, la propuesta corre el riesgo de fracasar incluso desde el principio. Lo explicaron ayer bien claro desde el Govern: todo pasa por la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas).

El plan acordado entre las partes, también ERC, es modificar primero que los impuestos de titularidad estatal como el de la propia renta puedan ser transferidos a las autonomías. El propio Junqueras anunció el sábado que ellos mismos lo llevarán al Congreso, que deberá avalarlo con mayoría absoluta, pero sin una reforma integral de la ley no se podrá implementar el nuevo modelo. 

Junts ataca a ERC: "La propuesta no tiene nada de singular"

Es Junts, entonces, quien entra en escena. Con las mayorías actuales en las Cortes Generales, sus siete escaños resultan imprescindibles para aprobar un cambio normativo que por ahora desprecian.

Si bien algunas voces internas aseguran que se trata de un avance significativo y creen que a la hora de la verdad el partido no se atreverá a votar en contra, el discurso, ayer, fue muy duro.

Los posconvergentes, que en los pactos de Bruselas exigieron al PSOE un concierto económico a la vasca, no dudaron en señalar a una ERC que aseguró en su día que el pacto con el PSC implicaba salirse del régimen común. "Les han tomado el pelo", aseguran, añadiendo que la propuesta pactada ayer entre Generalitat y Gobierno "no tiene nada de singular si todas las CCAA pueden acceder a ella".

El Gobierno sigue con el manual de resistencia

Desde Moncloa, en cualquier caso, la sensación es que se ha cumplido con PSC y ERC. El rechazo a la nueva financiación de barones como Emiliano García-Page, aunque minoritario entre los socialistas, no deja de ser una medida de presión más para un Gobierno calificado de "valiente" por parte del propio Govern y con un desbarajuste interno, cuando menos, complejo.

El PP, instado por el ministro Ángel Víctor Torres a replantearse su posición, también ha sido rotundo en cuanto a una propuesta que, consideran, "desmenuza territorialmente España". Sus presidentes autonómicos, desde Juanma Moreno hasta Carlos Mazón, ya han anunciado que harán todo lo posible para evitar su implementación.