Sede de la DGAIA en Barcelona Europa Press
Jóvenes extutelados denuncian que la nueva DGAIA les exige devolver las ayudas cobradas: "Somos víctimas"
Han recibido una notificación en la que se les informa que se abrirá un expediente contra ellos para comprobar que las prestaciones que recibieron no se cobraron de manera fraudulenta
La denuncia llega después de que Derechos Sociales reconociera pagos irregulares de hasta 167,5 millones de euros
Más información: La ex directora general de la DGAIA defiende su gestión y atribuye su cese a una "decisión política"
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Un centenar de jóvenes extutelados por la Generalitat han alzado la voz esta semana tras recibir notificaciones del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión en que se les informa de que se abrirá un expediente contra ellos para comprobar que las ayudas que recibieron mientras tenían entre 18 y 24 años no se cobraron de manera fraudulenta.
Estas personas, que pasaron su infancia o adolescencia bajo la tutela de la antigua Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) afirman sentirse víctimas de una persecución institucional.
Reclamaciones de hasta 30.000 euros
Según explican en un comunicado conjunto, al cumplir la mayoría de edad solicitaron una prestación económica —actualmente de un máximo de 778,49 euros mensuales— pensada para ayudar en su proceso de emancipación. Sin embargo, esta semana han recibido una notificación oficial en la que se les comunica la apertura de un expediente de revisión, exigiéndoles la devolución de entre 10.000 y 30.000 euros.
Además, denuncian que se les ha dado apenas unos días para justificar trámites administrativos de hace hasta cuatro años, un plazo que consideran imposible de cumplir para personas que, en su mayoría, carecen de recursos económicos y asesoría legal.
“Queremos recordar que no hemos cometido ningún fraude ni ninguna ilegalidad. Recibimos una prestación tramitada por las mismas instituciones que ahora nos la reclaman. Somos víctimas, no verdugos”, señalan.
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167 millones de pagos indebidos
La denuncia se produce tan solo dos semanas después de que el mismo Departamento reconociera que, entre los años 2016 y 2024, se abonaron de manera irregular hasta 167,5 millones de euros en ayudas, algunas de las cuales se gestionaban mediante entidades externas como fundaciones.
Dentro de este volumen, se calcula que 4,6 millones de euros se destinaron a prestaciones para jóvenes extutelados que, presuntamente, no habrían cumplido con los requisitos establecidos.
![La 'consellera' Mònica Martínez y la periodista Gemma Nierga, en el plató de 'Café d'Idees' en La2](["https:\/\/a1.elespanol.com\/cronicaglobal\/2025\/06\/16\/vida\/1003742666199_14735885_320x180.jpg"])
“A pesar de la cantidad limitada que se menciona, el foco se ha puesto exclusivamente sobre nosotros”, apuntan, y aseguran que se sienten en el punto de mira tras varios casos recientes que han vinculado negativamente a personas extuteladas con irregularidades.
“La comunicación que hemos recibido vulnera nuestro derecho a la presunción de inocencia. Nos acusan sin aportar pruebas y nos obligan a demostrar lo contrario. Es una agresión institucional”, denuncian en el comunicado.
El grupo reclama una revisión del proceso, garantías jurídicas adecuadas y una atención específica a su situación de vulnerabilidad, recordando que muchas de estas personas afrontan la vida adulta sin apoyo familiar ni estabilidad económica.
La 'consellera' de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, en el Parlament Europa Press
Qué dice el Departamento
Según ha explicado el Departamento de Derechos Sociales a Crónica Global, este proceso de revisión es fruto de los nuevos mecanismos de supervisión y control puestos en marcha por la nueva DGAIA, la DGGPIA: Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia
"Estamos haciendo ahora el que no se ha hecho en los últimos 10 años, un seguimiento de manera cuidadosa de las prestaciones. El Govern se está haciendo cargo de una situación que nos hemos encontrado, fruto de años en que no se ha hecho una apuesta por la interoperabilidad, los sistemas informáticos y el rediseño de las prestaciones".
Entienden que estos requerimientos "pueden generar molestias" y "lamentan" el agravio que pueda ocasionar. Aun así, estamos legalmente obligados a actuar cuando se detectan indicios de pagos indebidos.
Aseguran que la consellera de Martínez Bravo se reunirá con los jóvenes afectados con la voluntad de explicarles el proceso y aclarar también cualquier duda que puedan tener.
