Fachada de la sede de la sindicatura de Cuentas en Vía Laietana 60, a 9 de febrero de 2024, en Barcelona
La Sindicatura de Cuentas detecta 4,7 millones de euros "pagados indebidamente" en prestaciones de la DGAIA a extutelados
El organismo fiscalizador advierte de pagos indebidos de prestaciones del Departamento de Derechos Sociales por un importe de 167,5 millones de euros durante el periodo 2016-24
La 'consellera' Mònica Martínez Bravo abre la puerta a su condonación, como ya sucedió con los ingresos sin control por la Renta Garantizada de Ciudadanía
Más noticias: La 'consellera' de Drets Socials defiende una "gestión automática" de las prestaciones a exmenores tutelados en la nueva DGAIA
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En medio de la polémica sobre la transformación de la nueva DGAIA (ahora llamada DGPPIA), la Sindicatura de Cuentas ha detectado pagos indebidos de prestaciones que superan los 167,5 milllones de euros desde 2016 hasta 2024, periodo en el que el Departamento de Drets Socials dependió de ERC y Junts.
Del total, 7,17 millones pertenecen a expedientes prescritos y de estos, 4,7 millones son prestaciones de la DGAIA a extutelados que no deberían haberse abonado entre 2019 y 2022. Como respuesta, la consellera Mònica Martínez Bravo ha abierto la puerta a su condonación, como ya sucedió con los pagos indebidos en concepto de Renta Garantizada de Ciudadanía.
Falta de control
En un informe, el organismo pone de manifiesto la "falta de seguimiento y control eficaces en la gestión de las prestaciones". Esto ha provocado "la existencia de casos que podrían incurrir en incompatibilidades y un elevado volumen de pagos indebidos".
La Sindicatura constata que su tramitación representa una "carga administrativa importante" que "dificulta la gestión ordinaria de la prestación", a la vez que comporta costes importantes también para las personas beneficiarias. De hecho, la cantidad detectada ahora es una estimación, ya que hay muchos expedientes aún por revisar.
Carencias
Por esto, el organismo fiscalizador entiende que "no se ha fomentado una cultura de regularidad y transparencia" en las actividades financiadas con fondos públicos, ni un marco que garantice los principios éticos y de buen gobierno de imparcialidad, integridad y objetividad en la gestión de los recursos.
Según el informe, el sistema de la DGAIA que define el perfil de la población que puede acceder a las ayudas tiene grandes carencias. Considera "insuficiente" la cuantía destinada a las prestaciones para proteger ante la pobreza y estima que el volumen de recursos necesarios ronda el doble del asignado actualmente.
Sede de la DGAIA en Barcelona Europa Press
Sistema "excesivamente complejo"
También critica que los tiempos "dilatados" en la gestión de las prestaciones, la falta de mecanismos de seguimiento y control y la inexistencia de un marco de supervisión que garantice que se protege el interés general limitan la efectividad de la intervención.
En general, el órgano fiscalizador ve "excesivamente complejo" el mapa de prestaciones y apunta que algunas de ellas podrían fusionarse sin afectar a su capacidad protectora.
El informe de la Sindicatura señala también una falta de coherencia con las intervenciones en el territorio por parte de entidades locales, que conceden prestaciones dirigidas a dar respuesta a situaciones de emergencia, y apunta que la introducción del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Cataluña no ha supuesto una reducción del número de titulares de la Renta Garantizada de Ciudadanía.
La versión de la 'consellera'
La consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha atribuido los 167 millones de euros en pagos indebidos de su Conselleria de 2016 a 2024 al modelo de gestión, que a menudo no se ha dimensionado correctamente, y a la falta de digitalización de los sistemas.
"El grueso de las incidencias no es por una gestión de malversación, ni mucho menos; es por no tener suficientes manos para actualizar con la agilidad necesaria las prestaciones y no tener la información para ajustar aquella prestación cuando el hecho se produce", ha declarado a la prensa este miércoles.
La 'consellera' de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, comparece ante el Parlament, tras el conocerse de la menor en guarda de la DGAIA violada y prostituida por una red de pederastia Europa Press
La principal solución, según ella, es tener unas herramientas digitales "adecuadas" y en la interconexión con otras bases de datos que permitan hacer una gestión automática, así como en tener unos equipos bien dimensionados y tecnificados.
El grueso de los pagos indebidos se enmarca en la Renta Garantizada de Ciudadanía, pero también en prestaciones a extutelados o por discapacidad, y Martínez Bravo ha dicho que no podrán eliminarlos "completamente" mientras no tengan un marco jurídico y una nueva ley de renta garantizada que permita la gestión automatizada.
Sobre las devoluciones de estos pagos, ha dicho que deberán analizar qué deben hacer, pero cree que servirán los "planteamientos" utilizados en los pagos indebidos anteriores en la Renta Garantizada de Ciudadanía, que finalmente se condonaron.
Conflicto de intereses
La DGAIA ha estado en el punto de mira por las continuas irregularidades en su gestión. Además del polémico caso de la menor tutelada de 12 años violada y prostituida, la Oficina Antifrau investiga las irregularidades alrededor de las ayudas económicas que la Administración concede a los jóvenes extutelados.
![La 'consellera' Mònica Martínez, durante la presentación de la nueva DGPPIA, en mayo de 2025](["https:\/\/a2.elespanol.com\/cronicaglobal\/2025\/06\/11\/vida\/1003742664806_14709763_320x180.jpg"])
Precisamente, el informe de la Sindicatura manifiesta que había "riesgo de conflicto de interés" en la gestión y supervisión de algunas prestaciones externalizadas a una serie de entidades colaboradoras sin ánimo de lucro, para cuya actividad no se ha garantizado un marco de regularidad y transparencia.
De hecho, la lupa está sobre dos asociaciones que conceden estas prestaciones: la Fundació Resilis y la UTE Fundació Mercè Fontanilles-Fundació Resilis.
