Archivo - El expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont interviene en un acto de bienvenida organizado por entidades independentistas en Barcelona
Amnistiados los 40 empresarios y ex altos cargos de Puigdemont procesados por el 1-O
La Audiencia de Barcelona concede también la impunidad al 'exconseller' de Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva (ERC), en la causa que investigaba la promoción del 'procés' en el extranjero
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La Audiencia de Barcelona ha amnistiado a un total de 35 empresarios y ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont procesados por los preparativos del referéndum ilegal y unilateral de secesión de Cataluña del 1 de octubre de 2017 (1-O); y también al por aquellas fechas conseller de Exteriores, Raül Romeva (ERC), en la causa que investigaba la promoción del procés en el extranjero.
La la sección 21ª acuerda en su auto conceder la amnistía a todos estos investigados, tal y como solicitó la Fiscalía el pasado 23 de abril, y revoca la resolución de la jueza instructora que acordó dejarlos a un paso de juicio por su papel en la planificación del referéndum ilegal secesionista.
Entre los beneficiarios de la impunidad se encuentra una treintena de miembros del sottogoverno de la Generalitat: entre ellos, los exdirectores de TV3, Catalunya Ràdio y la CCMA de aquella época.
Petición del fiscal
El fiscal justificó el pasado abril la amnistía de todos ellos aduciendo que, "se compartan o no las motivaciones políticas, ideológicas o incluso filosóficas" de los impulsores de la ley, los procesados por el 1-O no deben ser juzgados, ya que sus actuaciones se ciñeron a la financiación y organización del referéndum ilegal. Un presunto delito que, a su modo de ver, queda exonerado por la ley de impunidad aprobada por el Gobierno a cambio del apoyo parlamentario de sus socios secesionistas.
El ministerio público se desmarcó así de la tesis del Tribunal Supremo, y pidió a la Audiencia de Barcelona que amnistiara la malversación porque, si no, se dejaría "vacío de contenido" lo dispuesto en la ley del Ejecutivo central.
Dos exdirigentes del Diplocat sí tendrán que ir a juicio
El auto judicial, no obstante, deja fuera de la amnistía a dos excargos del Diplocat -Albert Royo y Rosa Clavell-, a los que la Fiscalía considera presuntos autores de un delito de prevaricación administrativa por trocear un contrato de limpieza y de auditoria. Dos gastos que el ministerio público no vio relacionados con el procés.
De TV3 y Catalunya Ràdio al 'exconseller' Romeva
El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona procesó en su día a una treintena de miembros del sottogoverno de Puigdemont por su presunta implicación en los preparativos del referéndum ilegal y unilateral. Entre los investigados figuran los exdirectores de TV3, Catalunya Ràdio y la CCMA: Vicenç Sanchis, Saül Gordillo y Núria Llorach, respectivamente; el exdirector general de Comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet; el exdirector de la delegación del Govern ante la UE, Amadeu Altafaj; y la exinterventora de la Generalitat Rosa Vidal.
A ellos se les suman otros investigados en el juzgado de instrucción número 18 de Barcelona por los gastos del procés en el extranjero, razón por la cual fue procesado el exconseller de Acción Exterior Raül Romeva (ERC), indultado por el Gobierno en 2021.
No ven ánimo de enriquecimiento en su malversación
Según la Audiencia, la amnistía de todos ellos es aplicable incluso en el delito de malversación, por el cual el Tribunal Supremo descartó dar la impunidad a los líderes del procés al entender que sí buscaron un beneficio personal de carácter patrimonial, y porque pudieron causar un daño a las finanzas de la Unión Europea.
La Audiencia de Barcelona, en cambio, ve también amnistiable ese delito porque, "aún concurriendo la voluntad malversadora" y el "desvío de fondos públicos", actuaron "en cumplimiento del mandato diseñado por los miembros del Govern, en el que ellos participaban desde diferentes ámbitos de responsabilidad".
![Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña / EP](["https:\/\/a1.elespanol.com\/cronicaglobal\/2015\/03\/26\/politica\/politica_21008741_2211070_320x180.jpg"])
"Su materialización tuvo lugar a través de muy diferentes y concretas actuaciones, por lo que, en el plano en el que estas conductas se desarrollaron, no puede hablarse de un propósito de enriquecimiento", sostiene.
Respecto al argumento de que el procés habría afectado las finanzas de la Unión Europea en caso de haber prosperado, la Audiencia evita moverse "en el terreno de las conjeturas" y amnistía la malversación por falta de indicios, a su entender, de que se pretendiera causar un perjuicio a las arcas comunitarias.
Hechos amnistiados
Entre los hechos amnistiados figuran la contratación de un informe sobre los nuevos sistemas de Defensa internacional por parte de la conselleria de la Presidencia ante el supuesto de que Cataluña se constituyera en un Estado independiente.
También el arrendamiento de un espacio de coworking en Bruselas o el pago de un informe a un profesor de Sociología sobre los instrumentos de cooperación internacional entre España y Cataluña en el caso de que esta última se separara del resto de España.
Asimismo, queda impune la contratación de dos informes doctrinales sobre tratados multilaterales de los que forma parte España y sobre los procedimientos que debe seguir un nuevo Estado para entrar en organizaciones internacionales.
Desvío de fondos
La Fiscalía dio por hecho que las decenas de ex altos cargos de la Generalitat ahora amnistiados "dirigieron, promovieron" y participaron "activamente" en la ejecución de una "estrategia" dirigida a la celebración del referéndum, "cada uno de ellos dentro de su nivel de responsabilidad", pese a que el Tribunal Constitucional lo había suspendido por su ilegalidad.
El ministerio público asumió que el Govern siguió la estrategia de "diluir la responsabilidad individual" mediante la colaboración de varios departamentos de la Generalitat, "para dificultar cualquier tipo de obstaculización que pudiera provenir del Estado".
![Lluís Puig en la comisión del 155 en el Parlament](["https:\/\/a1.elespanol.com\/cronicaglobal\/2024\/07\/03\/politica\/867673287_13176222_320x180.jpg"])
Entre los actos que la Fiscalía atribuye a los procesados, y que le parecieron amnistiables, figuran la disposición de fondos y recursos públicos para sufragar el referéndum ilegal del 1-O; la elaboración de una página web informativa; el aplicativo de registros de catalanes en el exterior; el registro de voluntarios; las campañas de comunicación institucional y las del Diplocat.
Otras de las actividades atribuidas presuntamente a los procesados, y que según la Fiscalía también tenían que amnistiarse, son el proceso de nombramiento y comunicación formal de los miembros de las mesas electorales del 1-O, que varias consejerías de la Generalitat encargaron a la empresa Unipost, y la elaboración del censo electoral mediante todos los registros públicos de propiedad de la Generalitat.
Fin de las medidas cautelares y patrimoniales
En su auto, la Audiencia acuerda también levantar las medidas patrimoniales que pesaban sobre los procesados, quienes tuvieron que afianzar en el juzgado un total de 5,8 millones de euros para hacer frente a la responsabilidad civil que pudiera derivarse del caso, cantidad que en parte se nutrió de la denominada "caja de solidaridad" activada por las entidades secesionistas afines al procés y sus dirigentes.
