La 'exconsellera' de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, junto a su sucesor en el cargo desde 2021, Josep Maria Argimon
Fiscalía pide 12 años de inhabilitación para los 'exconsellers' Vergés y Argimon por el retraso en la vacunación de policías en Cataluña
También reclama esa misma pena para otros dos ex altos cargos de la Generalitat: el exsecretario general de la 'conselleria' de Salud, Marc Ramentol; y el exdirector del Servei Català de Salut, Adrià Comella
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La Fiscalía de Barcelona pide 12 años de inhabilitación para cargo o empleo público a los exconsellers de Salud de la Generalitat , Alba Vergés y Josep Maria Argimon -en aquella época, director general del Institut Català de la Salut (ICS)- por presunta prevaricación en el retraso de la vacunación contra el Covid-19 de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña.
El ministerio público también reclama esa misma pena para otros dos ex altos cargos del Govern catalán: el exsecretario general de la conselleria de Salud, Marc Ramentol; y para el exdirector del Servei Català de Salut, Adrià Comella. En cambio, defiende el sobreseimiento en el caso del director de servicios de la conselleria, Francesc Xavier Rodríguez.
Discriminación
En su escrito de acusación, Fiscalía acusa a la exconsellera Vergés de haber acordado "paralizar", en marzo de 2021, el proceso de vacunación de los agentes estatales de forma conjunta con Ramentol -su número dos-, Argimon -que en mayo de 2021 la sustituyó en el cargo-, y Comella.
El ministerio público sostiene que los acusados eran "plenamente conscientes" de que, al aplazar la inmunización de los policías nacionales y guardias civiles, "estaban, de hecho, discriminando" a los agentes de esos cuerpos, que "se quedaban sin vacunar, desprotegidos ante el virus, mientras la mayoría del resto de cuerpos policiales, locales y autonómicos, ya estaban protegidos".
Decisión conjunta
Según el escrito, el 24 de marzo de 2021, los investigados decidieron, "de forma conjunta, paralizar el programa de vacunación" que se había acordado con los delegados de la Guardia Civil y la Policía Nacional, unas inmunizaciones que estaban programadas a partir del 15 de marzo.
La vacunación de los cuerpos y fuerzas de seguridad se acordó en el Consejo Interterritorial de Salud del 9 de febrero, que decidió que debía priorizarse la inmunización con Astra Zeneca a los "colectivos con funciones especiales".
Calendario de los hechos
Fiscalía explica que, al día siguiente de ese acuerdo estatal, la conselleria de Salud de la Generalitat comenzó a vacunar a esos colectivos; en concreto, a los de edades comprendidas entre los 18 y los 55 años, y se programó la inmunización de los policías locales y autonómicos por el "sistema normal".
![Josep Maria Argimon, ex 'número dos' del CatSalut y 'exconseller' de Salud, en un acto](["https:\/\/a1.elespanol.com\/cronicaglobal\/2023\/10\/03\/empresas\/799180219_8876292_320x180.jpg"])
Ya el 4 de marzo, los responsables de la consejería organizaron la vacunación de los policías nacionales y guardias civiles con delegados de ambos cuerpos: según lo previsto, entre los días 15 y 17 de marzo se les debían administrar las dosis a 180 agentes de ambos cuerpos.
Suspensión de la vacunación con Astra Zeneca
Sin embargo, el 15 de marzo, la consellería suspendió todas las vacunaciones programadas con AstraZeneca, al haberse detectado varios casos de trombosis, incluso con muertes. Una semana después, el Consejo Interterritorial dio luz verde a que se administrara esa vacuna a personas de hasta 65 años, incluidos los policías.
Según la Fiscalía, la conselleria de Salud acordó entonces "priorizar" la vacunación de las personas de entre 60 y 65 años, "en detrimento de dichos funcionarios, salvo si tenían edades comprendidas en ese margen".
Contraste con Mossos y policías locales
Y lo hizo, añade el ministerio público, "a pesar de ser conocedores" de que en esa fecha sólo estaban vacunados un 2,8% de los guardias civiles y un 3,6% de los policías nacionales, frente al 77% de mossos y guardias urbanos, el 77,9% de policías locales y el 68,9 % de bomberos.
![La 'exconsellera' de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, junto a su sucesor en el cargo desde 2021, Josep Maria Argimon / SALUT](["https:\/\/a1.elespanol.com\/cronicaglobal\/2015\/01\/26\/politica\/politica_6259883_1335314_320x180.jpg"])
La Generalitat había programado la vacunación de policías nacionales y guardias civiles en el Aeropuerto de Barcelona, pero el día antes, comunicó que el plan de inmunización "quedaba paralizado hasta que se dispusiera de suficientes vacunas".
Ultimátum de la justicia
Ante esa situación, los sindicatos policiales Jupol y Jucil presentaron una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que de forma cautelar dio un plazo de diez días a la conselleria para vacunar a los agentes, hasta alcanzar la misma proporción de inmunizados que en el cuerpo de Mossos d'Esquadra.
Estos dos sindicatos ejercen la acusación popular en la causa contra Vergés y la cúpula de la Consejería de Salud, para quienes piden una condena de tres años de cárcel y 15 de inhabilitación.
Los sindicatos lo celebran
El portavoz nacional de Jupol, Ibón Domínguez, considera que la imputación de estos altos cargos confirma la denuncia presentada por su sindicato y por Jucil, ya que a su juicio se trató de una "discriminación real, deliberada y gravísima por parte de las instituciones catalanas contra los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
