Artur Mas, Carme Forcadell, Josep Costa y Quim Torra, ante el edificio del TEDH de Estrasburgo
Fracasos sonados del independentismo ante la justicia europea: de Mas y Forcadell a Torra y Costa
Las derrotas de dirigentes y activistas del 'procés' se han estrellado ante el TEDH y el TJUE en cuestiones como el 9N, las iniciativas independentistas del Parlament, las cargas del 1-O, el encarcelamiento de sus líderes o el presunto espionaje
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“Algún día sabremos qué pasa en el TEDH, pero ahora mismo no podemos confiar que impartan justicia sobre la carpeta catalana”. Esta reciente frase de Josep Costa, uno de los exdirigentes más vehementes del ultranacionalismo catalán, refleja a la perfección la sensación de impotencia del secesionismo ante los continuos reveses que están recibiendo en los tribunales comunitarios en asuntos relacionados con el procés.
Y es que, una tras otra, decenas de demandas contra España de políticos y activistas afines a dicha causa han ido topando con el rechazo tanto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como -en menor medida- del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Gran parte de ellas acaban siendo desestimadas.
Del 9-N al 1-O
El caso de Costa, exvicepresidente del Parlament con Junts per Catalunya desde 2018 a 2021, es uno de los más significativos, ya que sus cuatro demandas interpuestas ante el TEDH han sido inadmitidas. Las dos últimas, este mismo mayo: una, relacionada con su detención por negarse a comparecer ante el tribunal catalán (TSJC) en su juicio por desobediencia por haber tramitado resoluciones independentistas en el Parlament; y la otra, presentada junto al expresidente de la Generalitat Quim Torra, por un supuesto espionaje de su teléfono móvil con el software espía Pegasus.
Y es que, a pesar de que numerosos mandatarios, activistas y abogados del procés pusieron sus esperanzas en Europa tras no acabar de forma favorable sus juicios y denuncias en España, ante los jueces de Estrasburgo y Luxemburgo se han topado con una realidad muy similar. Su lista de derrotas, a día de hoy, es larga, y abarca todo tipo de cuestiones relacionadas con el golpe secesionista de Cataluña: desde la consulta del 9N de 2014 hasta iniciativas independentistas del Parlament, pasando por la sindicatura electoral y las cargas policiales del referéndum ilegal del 1-O de 2017, la posterior suspensión temporal de la autonomía por el artículo 155 de la Constitución, las prisiones preventivas de sus dirigentes, hasta las denuncias por supuesta falta de imparcialidad judicial o el presunto espionaje con Pegasus.
La demanda de Mas, desestimada por unanimidad
En este sentido, de los tropiezos más sonados del independentismo en los últimos años lo protagonizó Artur Mas, presidente de la Generalitat desde 2010 a 2016, que el año pasado vio cómo el TEDH desestimaba por unanimidad su demanda contra España en su condena por desobediencia como responsable de la consulta separatista del 9 de noviembre de 2014. Y con una circunstancia curiosa, pues según el tribunal, ni el exlíder de Convergència (CiU) ni su abogado les respondieron cuando debían presentar observaciones en su respuesta al Estado.
Del mismo modo, tampoco prosperó otra demanda sobre el 9N de su correligionario y exconseller Francesc Homs.
Cara y cruz de Junqueras
Otro destacado exmandatario de la Generalitat, Oriol Junqueras -vicepresidente de Economía del Govern durante el mandato del 1-O- se vio en una tesitura parecida cuando, poco antes de la Navidad de 2022, el TJUE desestimó en última instancia un recurso suyo contra la Eurocámara por haberle negado su acta de eurodiputado en enero de 2020. Dicho tribunal avaló así una primera decisión del Tribunal General de la UE (TGUE) dada su situación jurídica, al estar condenado en España a una pena de 13 años de cárcel e inhabilitación -de la cual acabaría siendo indultado por el Gobierno en julio de 2021.
El líder de ERC, no obstante, se había apuntado previamente un triunfo en otra sentencia del TJUE, que el 19 de diciembre de 2019 falló a su favor al pronunciarse sobre la cuestión prejudicial del Tribunal Supremo acerca de si debería tener la inmunidad parlamentaria o no tras ser elegido elegido en las elecciones a la Eurocámara cuando se encontraba en prisión preventiva. En aquel momento, la justicia comunitaria sí consideró que debía haber sido reconocido como eurodiputado. Y el Parlamento le acabó admitiendo esa condición entre el 2 de julio de 2019 y el 3 de enero de 2020, día en que la Junta Electoral Central confirmó su ineligibilidad.
Resquicio legal... y Puigdemont se beneficia de ‘rebote’
Esa decisión inicial sobre Junqueras -posiblemente, el mayor logro hasta la fecha para los líderes del procés- sirvió, de hecho, de aval a tres eurodiputados de Junts fugados de la justicia española -Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí- para reclamar el acceso a sus respectivos escaños.
Los motivos para la alegría de Puigdemont ante la justicia comunitaria, sin embargo, no han ido mucho más allá de eso. Es más: a finales del pasado septiembre, el líder de Junts se llevó otro disgusto al desestimar el TJUE su recurso -y el de Comín- contra la Eurocámara por no haberles reconocido inicialmente como eurodiputados tras las elecciones europeas de mayo de 2019, ni su inmunidad.
Batacazos de la mayoría independentista del Parlament
Tampoco la mayoría independentista en el Parlament ha tenido éxito en su afán de que la justicia europea desautorice a la española. Todos sus intentos hasta ahora han terminado en fracaso. El primer revés le llegó con una resolución del TEDH que, a final de mayo de 2019, rechazó por unanimidad la demanda presentada por la expresidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell -y rubricada por Puigdemont y los 76 diputados de Junts pel Sí y la CUP- contra la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender un pleno del 9 de octubre de 2017, en el cual se iban a proclamar los resultados del referéndum ilegal del 1-O y, por tanto, la ruptura con el resto de España.
En fechas mucho más recientes, ya en febrero de 2025, el TEDH rechazó de igual modo otra demanda de 32 diputados secesionistas que decían haber sufrido discriminación por razones políticas, y avaló las órdenes del Constitucional -incluidas las de 2015 y 2017- de anular y bloquear ese tipo de resoluciones rupturistas del Parlament. Entre los demandantes figuraban dirigentes de Junts como Quim Torra y Elsa Artadi.
Estrasburgo consideró legítima, "proporcionada" y "necesaria" las suspensiones de los plenos independentistas en aras de proteger el orden constitucional, el cumplimiento de la ley y los derechos de todos los ciudadanos.
Amparo a la prisión provisional de los líderes del ‘procés’
Volviendo a Forcadell, el TEDH también la desautorizó por otro motivo distinto, al rechazar en su día su demanda contra la prisión provisional de los dirigentes del procés mientras se instruían sus casos antes de ser juzgados en 2019.
El juez inadmitió el escrito de la dirigente de ERC al considerar que no agotó todas la vías internas en España, ya que el Constitucional no había resuelto su recurso contra el ingreso en prisión.
Archivo de las cargas del 1-O y aval al 155
En aquellos tiempos convulsos, el Tribunal de Estrasburgo también archivó las dos primeras demandas contra España, presentadas por dos particulares, contra las cargas policiales de la jornada del referéndum ilegal del 1-O. En el escrito de inadmisión, la respuesta fue que “no parece que se haya producido una vulneración de los derechos y libertades” de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Asimismo, en julio de 2019, el TEDH avaló la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir el autogobierno de Cataluña en otoño de 2017, al archivar una demanda firmada por 83 personas adscritas a la Asociación por la Democracia de Lleida.
Multas a los síndicos electorales
La organización del referéndum ilegal de 2017 también se estampó ante la justicia europea en otra cuestión: el rechazo, por parte del TEDH, de una demanda contra el Constitucional por las multas a los síndicos electorales del 1-O.
En concreto, Montserrat Aumatell, miembro de dicha sindicatura, recurrió en Estrasburgo una sanción de 6.000 euros al considerar que ello vulneraba el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La justicia comunitaria no lo vio así, y recordó en su escrito que la sanción estaba “ordenada por ley” y la recurrente "era consciente de que su conducta podía llevar a multas y un proceso penal".
Portazo a Òmnium y Plataforma per la Llengua por el 25% de castellano
En la lista de batacazos judiciales comunitarios figuran, también, algunas de las entidades secesionistas más influyentes. Como, por ejemplo, Òmnium y Plataforma per la Llengua. Este mismo mayo de 2025, ambas han encajado un duro golpe del TEDH, aunque por otra cuestión no directamente relacionada con el procés: la inadmisión de una demanda en la cual denunciaban su supuesta "exclusión", como entidades defensoras del monolingüismo obligatorio en catalán en las escuelas, del proceso judicial sobre el 25% de clases en castellano en Cataluña.
Lo que los nacionalistas denominan "agenda catalana" ha estado, por tanto, bien presente a lo largo de la última década ante los tribunales europeos, que siguen tramitando, y todavía deben resolver, sobre otros casos relacionados con el procés. A la espera de sus decisiones figuran aún dirigentes como Jordi Turull (Junts) y otros líderes encarcelados en su día. Hasta ahora, el éxito de los afines a su causa ha sido muy escaso.
