Agente de la Policía Nacional ante el Parlament de Cataluña
Las cuatro humillaciones a la Policía Nacional en Cataluña
Este cuerpo policial afronta un proceso de marginación y exclusión en la autonomía: desde el intento de desmantelamiento de su sede en Vía Laietana hasta la pérdida de competencias clave
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Es un secreto a voces: a las fuerzas independentistas les sobra la presencia de la Policía Nacional en Cataluña. En detrimento de la seguridad de la región, las formaciones simpatizantes del procés llevan años marginando al Cuerpo Nacional en la autonomía.
Primero intentaron echarlos de la Jefatura Superior de Policía de Vía Laietana, en Barcelona; luego, marginaron a sus agentes de la vacunación contra el Covid-19 desde la Generalitat, así como a los de la Guardia Civil; y ahora pretenden que compartan las competencias en inmigración y fronteras con los Mossos d’Esquadra.
Y eso no es todo. Esta semana, como adelantó Crónica Global, se ha sabido que cuatro agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional han quedado excluidos de la Ley de Amnistía del procés debido a una actuación durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
Agentes excluidos de la amnistía
A diferencia del criterio del Ministerio Fiscal, un tribunal de la Audiencia de Barcelona ha considerado que la actuación de estos cuatro agentes (un escopetero, dos subinspectores y un inspector) se desarrolló en un contexto "inapropiado".
Como resultado, un manifestante, Roger Español, perdió un ojo por el impacto de una bala de goma en la cara. Una lesión que, según el tribunal, queda excluida de la aplicación de la norma de gracia.
Una urna de votación ante la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana durante una manifestación por el referéndum del 1-O en Cataluña
Dicha resolución ha causado un gran malestar en el Cuerpo, pues existen episodios idénticos que han terminado con la absolución de todos los agentes implicados. Un ejemplo es lo sucedido durante una manifestación de apoyo a Pablo Hasél, cuatro años después, en la que otra manifestante perdió un ojo al recibir el impacto de una bola de foam.
En este caso, los dos escopeteros de los Mossos d’Esquadra fueron absueltos, después de que la causa quedara archivada, pues el juez instructor, Joaquín Aguirre, no apreció indicios de delito en la actuación de los agentes.
Ambos denunciados alegaron que dispararon siguiendo los protocolos de actuación, que obligan a los antidisturbios a apuntar por debajo del abdomen. Se trata de la misma justificación que dieron los agentes del CNP, pero en su caso no ha servido para convencer al tribunal de la Audiencia.
La opinión del fiscal
A quien sí convencieron fue al fiscal, quien pidió el sobreseimiento total de la causa, incluida la de los cuatro agentes. En su escrito, el representante del Ministerio Público concluye que los disparos se efectuaron basándose en los protocolos, contra el suelo, y que se hizo un uso "reglamentario" de las balas de goma.
Además, considera que quedó probado que hubo un "empleo progresivo de los medios antidisturbios" antes de utilizar las bocachas que lanzan dichas pelotas.
De este modo, y a pesar de la jurisprudencia, cuatro agentes de la Policía Nacional han quedado, por ahora, al margen de la amnistía. Una "humillación", critican fuentes próximas al Cuerpo, que denuncian que no es la primera vez que se sienten "denigrados" por la administración catalana. Ponen otros ejemplos.
Una imagen de un agente de la UIP de la Policía Nacional
Fuera de Vía Laietana
La lucha para desmantelar la Jefatura Superior de Policía de Cataluña lleva años en el ideario de los partidos independentistas. De hecho, ERC ha pedido reiteradamente que se llegue a un acuerdo para convertir el edificio en un centro de "memoria histórica" sobre la represión: una propuesta que ha lanzado tanto en plenos del Ayuntamiento de Barcelona, como en el Parlament y en el Congreso de los Diputados.
Las fuentes consultadas critican que el histórico edificio de la Policía en Vía Laietana se ha convertido en una moneda de cambio en el ámbito político: presupuestos a cambio del desmantelamiento.
Por ahora, las negociaciones están en stand by, pero esta misma semana el conseller de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha anunciado que "el futuro de las dependencias policiales de la Vía Laietana dependerá de un acuerdo entre el Gobierno español, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona para que se resignifique este edificio como un espacio de memoria".
El escándalo de las vacunas
Luego llegó la polémica de las vacunas. En marzo de 2021, y a 24 horas de que comenzara la vacunación contra el Covid-19 a los colectivos esenciales, la entonces consellera de Salud, Alba Vergés (ERC), suspendió la vacunación para los cientos de policías y guardias civiles destinados a Cataluña, que seguían trabajando durante los meses más duros de la pandemia.
El 24 de marzo de 2021, cuando la conselleria de Salud acordó cancelar la vacunación a los colectivos esenciales, solo el 2,9% de los agentes de la Guardia Civil y el 3,6% de la Policía Nacional estaban protegidos contra el virus, frente al 77% de los Mossos y la Guardia Urbana.
Entrada de la Jefatura Superior de Policía en Cataluña
Esta decisión política fue llevada por los sindicatos policiales ante la justicia, y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya señaló que se trataba de una actitud completamente discriminatoria.
El caso, sin embargo, sigue en los tribunales, y en enero de este año el juez instructor confirmó la imputación de cinco excargos del departamento por los posibles delitos de prevaricación y contra el derecho de los trabajadores, al no vacunar a los policías y guardias civiles durante la primera fase de la pandemia en Cataluña.
En la causa están implicados la entonces consellera de Salud, Alba Vergés; Josep Maria Argimon, secretario de Salud Pública en ese momento; Francesc Xavier Rodríguez Guasch, director de servicios del Departamento de Salud; Adrià Comella, director del Servicio de Salud de Cataluña; y Marc Ramentol, director general de Coordinación Interdepartamental.
El traspaso de inmigración y fronteras
Y con todo este panorama, llega el 2025 y el Gobierno confirma que los Mossos d’Esquadra asumirán próximamente el grueso de las competencias en inmigración y fronteras.
De este modo, el acuerdo entre el PSOE y Junts permitirá que la policía catalana gestione el control de fronteras, los flujos migratorios, la seguridad en puertos y aeropuertos, la expulsión de migrantes y la gestión de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
CIE de Zona Franca / EUROPA PRESS
Una cesión prácticamente integral que ha sido promovida por los neoconvergentes y que ha generado un profundo malestar en el seno de la Policía Nacional (CNP), que ya advirtió de las consecuencias inmediatas de esta decisión: la expulsión de 3.400 agentes y sus familias.
Con todo, las fuentes de Policía Nacional consultadas afean la manera como las distintas administraciones han ido marginando su presencia en Cataluña mientras siguen alimentando un conflicto que parece no terminar nunca.
