La Comisión de Comunidades Autónomas del Senado ha dictaminado este lunes que, según los expertos a los que ha venido escuchando durante los últimos meses, el nuevo sistema de financiación para Cataluña no es constitucional, ni sostenible, ni solidario, y pondría en riesgo el sistema tributario del Estado. Esta conclusión ha sido aprobada con los votos a favor de 34 senadores, a los que se han opuesto otros 24.
Los 24 senadores que han votado en contra del dictamen creen que las conclusiones recogidas por la Cámara Alta no resumen verazmente lo que han dicho los expertos. A ello, ha añadido Eduard Pujol, senador de Junts, que el trabajo de la comisión no ha sido sino un "aquelarre" contra Cataluña.
En cambio, la mayoría de esta comisión ha considerado que el informe sí resume adecuadamente el punto de vista de la mayor parte de los expertos que han comparecido ante el Senado en los últimos meses, durante los cuales se ha investigado el posible impacto de la implementación de un sistema de financiación especial para la comunidad autónoma.
Confrontación de interpretaciones
La Comisión ha debatido el dictamen durante la mañana de este lunes y, en ese contexto, el PP ha destacado que las conclusiones del informe son demoledoras y alertan sobre un acuerdo que pone en crisis al sistema en su conjunto. Junts, por su parte, ha reclamado la soberanía fiscal, mientras que ERC ha señalado: “Si somos los terceros en aportar, tenemos que ser los terceros en recibir”.
Desde el PSOE, la senadora Silva Rego ha defendido que “el informe de la ponencia no se ajusta a la realidad de las personas que han comparecido aquí y está lleno de imprecisiones”. Y ha añadido que “no es cierto que una gran mayoría de los expertos haya puesto en duda la constitucionalidad”.
Necesidad de reformar el sistema actual
Los expertos que han comparecido ante la Comisión en los últimos meses para informar sobre el nuevo sistema de financiación singular para Cataluña solo han mostrado una opinión unánime sobre la necesidad de reformar el sistema actual de financiación autonómica.
A partir de ahí, las conclusiones del informe aprobado por mayoría apuntan a que los expertos críticos, que son mayoritarios, creen que el acuerdo con Cataluña comprometerá la suficiencia de recursos del Estado y el resto de comunidades.
Del mismo modo, el dictamen aprobado apunta que rechazan la fragmentación de la Agencia Tributaria porque, entre otros motivos, debilitaría el control del fraude, incrementaría los costos y sería menos eficaz en la redistribución de los recursos.
Entre los expertos escuchados por la comisión general de las comunidades autónomas figuran el presidente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, o la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda, Ana de la Herrán, que han expresado sus recelos con la financiación singular para Cataluña. Otros, como el exsecretario de Asuntos Económicos y Fondos Europeos de la Generalitat de Cataluña Miquel Puig o el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad Pompeu Fabra Guillem López Casasnovas, se han mostrado favorables al nuevo acuerdo fiscal.