El Parlament ha instado este jueves al Govern catalán a recuperar el decreto ley del anterior Ejecutivo de ERC que pretende regular el alquiler de temporada y de habitaciones e imponer un régimen sancionador a propietarios en la Ley de Vivienda.
La moción, impulsada por los republicanos, ha salido adelante con el voto a favor del PSC, a pesar de que los propios socialistas habían rechazado esa misma regulación en la pasada legislatura, cuando estaban en la oposición. En octubre pasado, no obstante, se publicaron los resultados positivos del índice de alquileres en las zonas tensionadas de Cataluña.
Apoyo de los socios de investidura
El pleno de la Cámara ha aprobado la iniciativa con el apoyo no sólo del PSC y sus aliados de investidura de ERC y Comuns Sumar, sino también de la CUP.
En cambio, PP, Vox, Aliança Catalana y Junts han votado en contra. Los posconvergentes han mantenido el mismo rechazo que mostraron al decreto hace unos meses.
Reforma del "Código Civil catalán"
Asimismo, también ha prosperado con el apoyo del PSC una moción de los Comuns que insta al Govern de Illa a modificar el "Código Civil catalán" para que se regulen "los alquileres de habitaciones" y se "restrinja el alquiler de temporada". Una idea que también han respaldado las tres formaciones secesionistas: Junts, ERC y la CUP.
ERC, por otra parte, también ha logrado que se apruebe un punto de su moción que insta al Govern a impulsar, en el primer semestre de 2025, el denominado "Pacto Nacional por el Derecho a la Vivienda" para sacar adelante los objetivos del "Plan Territorial Sectorial de la Vivienda".
Áreas "tensionadas"
Este plan se propone tener, en un plazo de 20 años, un parque mínimo de vivienda pública asequible del 15% en los municipios de Cataluña declarados por el Govern como áreas de alta demanda residencial.
También se ha aprobado un punto que defiende que el Govern "acompañe" a los 241 municipios declarados como áreas "tensionadas" a adaptar la regulación de las viviendas de uso turístico para "priorizar el uso residencial y garantizar la función social de la vivienda".
La moción de ERC también ha instado a la Generalitat a aumentar el parque público de alquiler asequible en 50.000 viviendas hasta 2030, y asegurar que la mitad de estas viviendas sean de titularidad y gestión pública.
Sanciones
Por lo que respecta a la moción de los Comuns, también se ha aprobado un punto que insta al Govern a aumentar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) a lo que considera compras "especulativas" de vivienda, penalizando más las adquisiciones de personas físicas y jurídicas que el Ejecutivo considere "grandes tenedores" y las compras de edificios enteros con varias viviendas. Además, también pide al Govern aprobar, en el primer trimestre de 2025, ese registro de "grandes tenedores".
La Cámara catalana ha reclamado además la puesta en marcha de un equipo de inspección y sanción "dotado con recursos suficientes, distribuidos territorialmente, para detectar los incumplimientos de la ley y los contratos de temporada en fraude de ley y aplicar las sanciones que correspondan".
Más dinero para la lengua de signos catalana y el Consorci de Normalització
El Parlament, en otro orden de cosas, también ha aprobado este jueves instar al Govern a "resolver con celeridad" la dotación de intérpretes de la Lengua de Signos Catalana (LSC) a los estudiantes que lo han solicitado, y establecer un programa presupuestario para desplegar la ley de la LSC.
Se trata de dos puntos de una moción de Junts votada en el pleno de este jueves sobre la situación del catalán: el primero, aprobado con los votos a favor de todos los grupos parlamentarios excepto el PSC, que ha votado en contra, y el PP, que se ha abstenido.
En cuanto a establecer un programa presupuestario para desplegar la ley de la LSC, todos los grupos han votado a favor excepto el PSC, que ha votado en contra.
Por otra parte, todos los grupos parlamentarios, salvo PP y Vox, han aprobado que el Govern aumente los recursos del "Consorci per la Normalització Lingüística".