La conselleria de Derechos Sociales e Inclusión mueve ficha para apagar su primer incendio, heredado del Govern de ERC. La consellera Mònica Martínez Bravo ha explicado que su equipo amnistiará a los 2.829 beneficiarios que no debían recibir la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).
Lo ha asegurado a mediodía de este miércoles en la correspondiente comisión en el Parlament, al indicar que su equipo explora "vías legales para una posible amnistía a familias vulnerables que han recibido pagos indebidos".
Para evitar embargos
Se trata de 2.829 beneficiarios que deberían devolver 7.757 euros de media cada uno, según los cálculos del Departamento. Ahora, Derechos sociales pretende "dejar sin efecto los pagos indebidos siempre que se documente su vulnerabilidad y que no ha habido mala fe", siendo el caso de "la gran mayoría".
Martínez Bravo ha afirmado que reclamar el retorno de los pagos contradice el objetivo de la prestación de "luchar contra la exclusión y la vulnerabilidad", ya que la reclamación de un pago indebido inicia un procedimiento judicial de embargo y suspensiones que impide a los afectados pedir otras ayudas.
"Los recobros a estas personas son una doble condena y son incompatibles con el objetivo de la prestación", en palabras de la consellera.
El origen del error
Martínez Bravo ha explicado que el error radica en la falta de medios técnicos, ya que "la gestión informativa se hace con un bloc de notas" y el sistema no puede asumir el volumen de solicitudes, ha explicado. La mitad de los beneficiarios recibieron el Ingreso Mínimo Vital de forma retroactiva, mientras que un tercio han vuelto a trabajar sin que se les haya suspendido tampoco la prestación.
En la comisión del Parlament, además, la consellera ha instado a los grupos parlamentarios a apoyar una ley de Renta Garantizada de Ciudadanía que automatice estos pagos; en caso de seguir haciéndolo de forma manual, serían necesarias 2.000 contrataciones frente al centenar de trabajadores.