La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha desgranado este miércoles en comisión parlamentaria las líneas estratégicas del megadepartamento que lidera. Lo ha hecho no sin ganarse las críticas de Esquerra Republicana (ERC) y Comunes, socios parlamentarios "prioritarios" para el Govern de Salvador Illa.
La también portavoz del Ejecutivo catalán ha erigido como "prioridad" la regulación de los usos de la vivienda, en referencia a los pisos turísticos y al alquiler de temporada y por habitaciones. Este sistema, cree, añade presión al problema de la vivienda en Cataluña.
Lo ha dicho un día después de que Junts tumbara la admisión a trámite de la misma medida coercitiva en el Congreso de los Diputados porque "criminaliza a los propietarios". Algo a lo que Paneque se ha referido como "un golpe durísimo e inexcusable". Junto a los neoconvergentes, votaron en contra el PP, Vox y UPN.
Comuns presiona
La regulación del precio de esta modalidad del alquiler, la alternativa que han encontrado los propietarios para mantener la rentabilidad de sus inmuebles ante la desacertada limitación de precios del mercado permanente, es una de las medidas pactadas con Esquerra Republicana (ERC) y Comuns por la investidura de Salvador Illa.
La portavoz de estos últimos, Susana Segovia, ha llamado a ir más allá durante la comisión y aprobar el régimen sancionador. "No sirven de nada leyes que intervienen en el mercado y lo regulan si no hay capacidad de inspección y de sanción", ha dicho. Precisamente, ese sistema de multas también figura en el acuerdo de los socialistas con la formación morada.
50.000 viviendas públicas
El Govern cree que las ciudades no están dimensionadas para este tipo de usos, según ha explicado Paneque durante su intervención la también portavoz, quien se ha propuesto garantizar el acceso a la vivienda "a un precio razonable".
Ha considerado que el margen de mejora para acercar a Cataluña a los estándares europeos de vivienda social "es largo", y ha reiterado la voluntad del Ejecutivo catalán de ampliar el parque hasta las 50.000 viviendas en 2030. Para ello, ha calificado de imprescindible la colaboración del sector privado.
Pretende que el Institut Català del Sòl (Incasòl) transfiera suelo público a agentes sociales y promotores privados a través de un derecho de superficie de 75 años, y ha garantizado que las viviendas "tendrán siempre la calificación de alquiler social protegido".
A vueltas con el aeropuerto
La titular del Departamento también ha reiterado que el Aeropuerto de Barcelona-El Prat "necesita la ampliación anhelada de manera urgente e inaplazable" para incluirla en el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA 2027-2031). Ha insistido en tener un "sistema aeroportuario integral" que incorpore a las infraestructuras de Girona y Reus a través de conexiones de alta velocidad ferroviaria.
La diputada de ERC, Laura Vilagrà, ha avisado de que "no es compatible hacer bandera de la lucha contra el cambio climático y pretender la ampliación del Aeropuerto a cualquier precio". Y le ha instado a cumplir con el acuerdo de investidura que alcanzaron ambas formaciones, y que avala la modernización de la infraestructura. Por su parte, Lluís Mijoler, también alcalde de El Prat, ha manifestado su tajante oposición al proyecto: "Para asfaltar la laguna de la Ricarda, no nos encontrarán a su lado".
Sobre la materia medioambiental, Paneque ha garantizado que el Govern prestará "especial atención a la preservación de la biodiversidad y al respeto hacia el territorio" porque "el progreso debe ser verde y sostenible".