Los primeros pasos del nuevo Govern de Salvador Illa mantienen el continuismo de sus antecesores de Junts y ERC en materia lingüística, cumpliendo así una de las exigencias de los republicanos al PSC cambio de apoyar la investidura del socialista como presidente de la Generalitat. Por ahora, éste ya ha empezado a corresponder a sus aliados republicanos cumpliendo la orden de crear una Consejería de Política Lingüística -al frente de la cual ha puesto como conseller a Francesc Xavier Vila, anterior secretario general del ramo con ERC-, con el fin de expandir aún más el uso del catalán en todos los ámbitos de la sociedad.
El primer informe diagnóstico de este nuevo departamento, presentado esta semana por el Ejecutivo autonómico, apunta en este sentido, definiendo por ejemplo el catalán como “la lengua propia del país”, al mismo tiempo que apela "especialmente" a los castellanohablantes a “superar la comodidad” de su supuesto “monolingüismo”. En el informe tampoco faltan las habituales alertas sobre el presunto “retroceso” del catalán en ámbitos como el “comercial”, el “sanitario” y el “educativo”, en el cual la Generalitat impone la inmersión monolingüe obligatoria en esta lengua desde hace tres décadas. Un sistema que, a tenor del contenido del escrito, parece improbable que vaya a cambiar a pesar de haber sido declarado ilegal por la justicia, que dictó un 25% mínimo de clases del castellano.
Extracto del informe de la 'conselleria' de Política Lingüística del Govern
El documento en cuestión, de 21 páginas, lleva por título “Situación del catalán, del occitano aranés y de la lengua de signos catalana y principales líneas de intervención en política lingüística durante la legislatura”, y asume gran parte de las consignas clásicas del nacionalismo, alertando por ejemplo sobre la existencia de “bolsas importantes de personas que desconocen la lengua”.
"Fuertes corrientes inmigratorias"
En su capítulo “¿Cómo se ha llegado a esta situación?”, el texto explicita que uno de los retos del catalán “se deriva de las dinámicas socioeconómicas del país y sus consecuencias sociodemográficas", ya que "en especial, las fuertes corrientes inmigratorias de las últimas dos décadas y media han transformado sustancialmente la realidad social del país”.
Asimismo, se señala la “migración temporal” y el “mantenimiento de lazos estrechos con las sociedades de origen, de repliegues comunitarios o de estilos de vida nómadas que a menudo no favorecen ni el uso ni el aprendizaje de las lenguas locales”.
El texto insinúa que la población local debería hablar en catalán a los ciudadanos de origen extranjero, al lamentar que “el hábito profundamente arraigado en muchos sectores de no dirigirse en catalán a las personas que escapan a los estereotipos tradicionales de catalanidad constituye uno de los principales impedimentos para la difusión de la lengua”.
Recelos por el peso del castellano y el inglés
Otra de las inquietudes del Govern radica en “normalizar” el uso del catalán en el ámbito digital, tecnológico y comunicativo. No en vano, considera el audiovisual como un medio clave “para la transmisión de los idiomas entre generaciones y para la integración social de las personas recién llegadas”.
El documento también ve como un riesgo la actual situación del plurilingüismo en Cataluña, donde “el catalán mide sus fuerzas con dos de las lenguas más importantes del mundo contemporáneo, como son el castellano y el inglés”. Y alerta de que en el “plurilingüismo social generalizado suele producirse la tendencia a decantar inconscientemente los usos hacia la lengua más poderosa”, debilitando a “la más débil”
Cambiar hábitos lingüísticos de ciudadanos y empresas
Por todo ello, la Consejería de Política Lingüística de la Generalitat se marca cinco "grandes" objetivos: “incrementar el conocimiento social de la lengua”; “facilitar el uso del catalán”; “garantizar el catalán como la lengua de uso normal de las instituciones del país”; “incentivar el compromiso con la lengua: generar acuerdos, extender actitudes e implantar hábitos de uso favorables al catalán”; y “garantizar los recursos humanos y materiales necesarios”.
Extracto del informe de la 'conselleria' de Política Lingüística
Esos objetivos tienen como finalidad cambiar las costumbres lingüísticas de la población no catalanoparlante, e incluso en el ámbito empresarial, al plantear que "las administraciones trabajen conjuntamente con los operadores privados para ir eliminando los contextos refractarios al uso del catalán y para incrementar la oferta en esta lengua y su disponibilidad".
En este sentido, se insinúa, sin mencionarla de forma explícita, la continuidad de las polémicas sanciones lingüísticas en el ámbito comercial y económico, al pedir que se garantice "el cumplimiento de la legislación en materia de derechos lingüísticos, especialmente en la empresa y el comercio (rotulación, etiquetado, atención al público, oferta de servicios, etc) y dotar a los organismos encargados de velar por este cumplimiento del personal y los recursos necesarios".
"Incentivar el compromiso" con el catalán
El informe de la nueva conselleria lingüística del Govern ve además "imprescindible estimular el compromiso activo con la lengua no sólo de las instituciones" -donde se da por hecho que el catalán es "la lengua de uso normal"-, sino también "de toda la sociedad en general". A su modo de ver "la lengua" -entendiendo siempre como tal sólo la catalana- "es cosa de todos".
En este sentido, la Generalitat considera necesario "implantar unos hábitos de uso favorables a la lengua, tanto a nivel corporativo como personal". "Los pequeños gestos del día a día, en casa, en el trabajo, en los comercios, en los dispositivos móviles son fundamentales", dice el escrito.
Esa supuesta misión, según el informe de la Generalitat, corresponde a "la población en general", y también a las administraciones -"que tienen que liderar la actuación"-, "al mundo de la empresa y del trabajo, los diferentes sectores de la cultura, de la comunicación, del asociacionismo" y a "la sociedad civil entera".
Un plan de 200 millones de euros al año
Según el plan, todo ello deberá hacerse buscando"consensos" a través del denominado "Pacto Nacional por la Lengua". Un programa que se irá desarrollando en los primeros 100 días del nuevo Govern, y al cual éste prevé destinar 200 millones de euros tan sólo en su primer año, según se estableció en el acuerdo del PSC con ERC a cambio de investir a Illa como presidente de la Generalitat.