Esta semana el nuevo Govern de Salvador Illa ha presentado las “líneas de intervención en política lingüística para la legislatura”.

En un documento de 21 páginas [ver aquí], la Consejería de Política Lingüística de la Generalitat repasa el estado del catalán, apunta “cómo se ha llegado a esta situación” y plantea las actuaciones en los próximos años.

Sorprenden algunas contradicciones en el análisis del departamento presidido por el nacionalista Francesc Xavier Vila.

Por una parte, admite que el catalán “es una lengua con una demografía considerable, con más de 10 millones de hablantes”, más que “el danés, el finlandés o el eslovaco”, por ejemplo.

Incluso reconoce que la enseñanza del catalán está “ampliamente extendida y su uso es considerable”, cuenta con “una amplia producción cultural y comunicativa, así como un fuerte tejido asociativo que promueve el uso y la defensa”, y su “transmisión” dentro de las familias “se mantiene globalmente estable”. De hecho señala que el 75% de la población total lo habla bien, cifra que roza el 90% si incluimos a los que lo hablan “con dificultad”.

A pesar de ello, el informe considera que hay un retroceso en el uso del catalán, lo achaca a las “políticas lingüísticas de imposición del monolingüismo castellano oficial desplegadas durante los tres siglos anteriores” a la recuperación de la democracia; a “las fuertes corrientes migratorias de las últimas dos décadas y media”, y a la globalización de las tecnologías y la comunicación audiovisual.

Para revertir ese “retroceso”, el nuevo Gobierno autonómico prepara una batería de medidas, como ampliar los cursos de catalán, invertir más dinero en cursos subvencionar el doblaje de películas y videojuegos, o recomendar no hablar en castellano a los recién llegados a Cataluña. Pero también en otras medidas menos amables.

En ese sentido, el Govern anuncia que garantizará que “el sistema educativo dota efectivamente de competencia oral y escrita en catalán a la totalidad de niños y adolescentes que escolariza”. O, en otras palabras, reforzará la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán, pese a que es ilegal.

También advierte de que va a “garantizar activamente el cumplimiento de la legislación en materia de derechos lingüísticos, especialmente en la empresa y en el comercio (rotulación, etiquetado, atención al público, oferta de servicios, etc.) y a dotar a los organismos encargados de velar por este cumplimiento del personal y los recursos necesarios para hacerlo”. Lo que traducido a lenguaje claro y llano quiere decir que apretarán aún más con las multas lingüísticas a los comerciantes.

Y, por último, pero no menos importante, la consejería señala en el documento que “conviene apelar muy especialmente a las personas que tienen el castellano como lengua familiar y disfrutan, por tanto, de los beneficios de hablar una lengua de Estado hegemónica y de dimensión internacional para que, superando la comodidad del monolingüismo, refuercen su solidaridad y su apertura de miras respecto al catalán”.

Es decir, el Govern ahora nos pide a los castellanohablantes –aquellos a los que discrimina brutal, sistemática e ilegalmente sin dejar que nuestros hijos o sobrinos puedan recibir ni un miserable 25% de las clases en español en las escuelas públicas– que superemos “la comodidad del monolingüismo”, seamos “solidarios”, abandonemos nuestra lengua y usemos el catalán en nuestro día a día.

La verdad es que lo del Govern del PSC con la lengua parece de marcianos.