El Tribunal Supremo se revuelve contra la incompetencia de los Mossos d'Esquadra. El juez instructor Pablo Llarena, el mismo que mantiene sobre Carles Puigdemont una orden nacional de detención, ha pedido explicaciones a la policía catalana después de que el líder del procés escapara del dispositivo que debía garantizar su arresto ayer en Barcelona.
El magistrado ha solicitado sendos informes al cuerpo autonómico sobre el operativo policial para determinar los elementos que determinaron su fracaso. También ha remitido su petición al Ministerio del Interior, aunque el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha descargado toda la responsabilidad en los Mossos en declaraciones a la prensa esta misma mañana.
Dispositivo fallido
Concretamente, el instructor del procés quiere saber quiénes son los agentes responsables del diseño del operativo, los responsables de su aprobación y a quiénes se les encomendó su ejecución o despliegue.
También pide saber cuál fue el operativo aprobado y dispuesto en la frontera y las posteriores órdenes cursadas para detenerle tras su fuga. Es decir, quiere conocer cómo se gestó y llevó a cabo la Operación Jaula que resultó infructuosa tras unas nueve horas de controles y colapso circulatorio en las vías de salida de la capital catalana.
En evidencia
En paralelo, el ridículo de la policía autonómica la aboca a una reestructuración interna del cuerpo. El dispositivo blando y la colaboración de un grupo de agentes con el plan de huida del expresident dejan al comisario jefe Eduard Sallent con un pie fuera de la cúpula policial.
Algunos sindicatos como SAP-Fepol ya han pedido una investigación interna, algunos mandos de Mossos creen que habrá más. A las 11 horas, está previsto que el Departamento de Interior dé explicaciones de lo sucedido.
Balones fuera
Precisamente, el ministro Bolaños ha echado balones fuera al ser preguntado por ello en París, donde se encuentra este viernes, y ha preferido que el conseller en funciones de Interior dé explicaciones en una comparecencia a las 11.
"Todo el operativo policial, que debía garantizar la normalidad del pleno de investidura y el operativo judicial que debía garantizar el cumplimiento del mandato del Tribunal Supremo y aplicar la orden de detención, corría a cargo de los Mossos", ha dicho Bolaños.