El juez rechaza la amnistía para los investigados en el 'caso Voloh'

El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha rechazado amnistiar a los investigados del caso Voloh e inadmite las recusaciones presentadas por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y por el jefe de su oficina, Josep Lluís Alay, entre otros, para apartarlo de esta causa, en la que se investigan la presunta trama rusa del procés.

En uno de los cuatro autos, el juez se niega a amnistiar los hechos objeto de investigación que dieron lugar a la pieza principal de Voloh, en que se incoaron diligencias por "la concesión presuntamente irregular de subvenciones públicas otorgadas por el Departamento de Relaciones Internacionales de la Diputación de Barcelona".

Prevaricación, malversació, tráfico de influencias

Aguirre sostiene que en la investigación han ido apareciendo indicios de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, que "dieron lugar a la apertura de diferentes piezas separadas", entre ellas a la pieza separada número 2, bautizada como Voloh.

En esta segunda pieza separada, en la que se investiga, entre otros, al empresario y exdirigente de ERC Xavier Vendrell, el juez asegura que se produjeron presuntos desvíos de dinero público mediante concesiones de subvenciones irregulares a entidades deportivas.

Sin indicios de que fueran para promover el 'procés'

Asimismo, si bien la amnistía contempla el perdón para la malversación "siempre que no haya existido propósito de enriquicimiento" y esté relacionada con actos y actividades relacionadas con el procés, el magistrado sostiene que, en este caso, "en ningún momento se han evidenciado indicios de que los hechos investigados respecto de las subvenciones concedidas irregularmente lo hayan sido con la intención de reivincidar, promover o procurar" la independencia de Cataluña.

En 2020 Aguirre abrió otra pieza separada, CATmón-Igman, en la que se amplió la investigación sobre a subvenciones concedidas y tramitadas, presuntamente de forma irregular, también por el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat a la Fundació CATmón y a la Asociació Acció Solidaria Igman.

Enriquecimiento de los perceptores

El magistrado sospecha que "hubo un enriquecimiento injusto de los perceptores de dichas subvenciones", por lo que no se puede aplicar la ley de amnistía. Además, recuerda que el Tribunal Supremo considera que "no procede el otorgamiento de la amnistía por los actos tipificados como delitos de malversación".

Sea como sea, continúa, el objeto de la causa es investigar una veintena de subvenciones que la Diputación de Barcelona otorgó en el ámbito de la cooperación internacional para fomentar el desarrollo en países poco favorecidos, como la que se dio a los curtidores de Fez, a la Isla de Pascua para el tratamiento de aguas residuales y a algunos municipios pobres de Brasil para el tratamiento de residuos, enumera: "No existe el menor asomo de que tengan que ver con el fomento del independentismo catalán".

Una conversación privada

Finalmente, en junio de este año Aguirre abrió una nueva pieza por la presunta injerencia rusa, con la ley de amnistía ya en vigor, en la que señalaba a los expresidentes de la Generalitat Puigdemont y Artur Mas, entre otros, de delitos de alta traición y malversación.

Por otra parte, sobre la solicitud del abogado de Josep Lluís Alay, Gonzalo Boye, que interpuso un incidente de recusación contra el instructor alegando que Aguirre tiene "interés directo o indirecto en esta causa" y al que acusa, textualmente, de una absoluta falta de imparcialidad, el juez se opone a apartarse, pues la recusación se fundamenta en unas presuntas declaraciones "realizadas en el ámbito privado, que han llegado a manos de un medio de comunicación por cauces desconocidos y presuntamente ilícitos".