A dos meses de cumplir siete años sin pisar suelo español, Carles Puigdemont ha anunciado que su propia detención “es una posibilidad real en muy pocos días”, coincidiendo con “la decisión de investir al candidato socialista, Salvador Illa, como president de la Generalitat”. Lo ha hecho en una carta pública en la que ha insinuado que su retorno a Cataluña se materializará para asistir al pleno del Parlament del que es diputado, aunque en ningún momento de las tres páginas de texto se ha comprometido a hacerlo explícitamente.
Se trata del enésimo anuncio de este tipo en los últimos meses, desde que empezara a usar la incógnita de su regreso a Cataluña para movilizar el voto de cara a las elecciones autonómicas del 12 de mayo, en un contexto en que la ley de amnistía estaba ya atada, pero pendiente de ser aprobada por el Congreso de los Diputados.
Después de que Salvador Illa haya anunciado que cuenta con los apoyos suficientes para someter su candidatura a un pleno de investidura en el Parlament, Puigdemont prevé que la promesa de la fotografía de un expresident esposado copando los medios de comunicación sirva de último golpe para mantener su relevancia política y, de paso, desestabilizar el acuerdo firmado por el PSC y ERC y dinamitar el nombramiento de un president contrario a la agenda del procés.
Se dejará detener
Si bien en campaña aseguraba que las únicas opciones para un expresident eran una nueva toma de posesión del cargo o el paso al lado de la vida política, ahora Puigdemont parece haber encontrado una tercera vía: la detención que ha repudiado desde que el 29 de octubre de 2017 salió del territorio nacional escondido en un coche por no ser digna imagen de su figura.
Tras la pérdida de la mayoría independentista en la cámara catalana y la negativa del Tribunal Supremo de amnistiar su causa pendiente por malversación de caudales públicos en el marco de la organización del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, Puigdemont defiende su detención como un acto de valentía política para demostrar que, a su juicio, “en España, las amnistías no amnistían, que hay jueces dispuestos a desobedecer la ley y que el Gobierno español se lo mira con la indolencia del resignado”.
Carles Puigdemont, en el Parlament, en 2017
Así las cosas, el huido de la justicia ha dado un giro de 180 grados a su discurso y señala que su detención “se debe entender en clave de confrontación contra un régimen demofóbico y no como un lamento o victimismo”. En este sentido, advierte a los “perseguidores españoles” que durante tanto tiempo han tenido el “sueño frustrado” de verle entre rejas que, para hacerlo, “tendrán que embarcarse en una detención ilegal” -que está avalada por el Supremo- y “desobedecer las decisiones internacionales del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas”.
Le acompañan Rull y los CDR
El regreso, envuelto en una narrativa épica sobre el papel de Puigdemont como protector de la institución de la presidencia de la Generalitat ante la “represión española”, está amparado por Josep Rull, compañero de partido y presidente del Parlament, quien ha asegurado en repetidas ocasiones que "la policía no entrará al Parlament a detener ni a retener a nadie” y que defenderá la “inviolabilidad” de la Cámara como “templo del respeto democrático”. “Si lo tienen que hacer, me tendrán que detener a mí primero", prometió a los oyentes de Ser Cataluña hace menos de un mes.
En un sentido utilitarista de esta posible detención, Puigdemont espera preservar su foco en el centro de la política catalana, mientras que las entidades independentistas se aferran a ella para tratar de dar fuelle al consumido procesismo; pese a que los últimos intentos no han resultado fructuosos, como ha evidenciado la Assemblea Nacional Catalana (ANC) con un fracasado discurso beligerante contra la militancia de ERC que debía decidir sobre el apoyo a Illa y un pinchazo en una protesta por la amnistía del expresident que apenas congregó a 1.500 personas hace un par de semanas.
La manifestación de la ACN en apoyo a la amnistía de Puigdemont
Toca el turno esta semana a los Comitès de Defensa de la República (CDR), que prometen resurgir con una manifestación fijada para el próximo lunes a las 8 de la mañana ante la Estació de França de Barcelona “contra el unionismo del 155 que ocupará la presidencia de la Generalitat”. La convocatoria, sin embargo, no ha tenido en sus primeras horas la acogida de la que gozó Tsunami Democràtic hace cinco años: la organización en cuestión se esfuerza por llegar al millar de retweets que le den algo de difusión y repercusión.
ERC lo teme y Comuns aplaza la investidura
Con el acuerdo cerrado para investir a Salvador Illa, los dirigentes republicanos temen el regreso de Puigdemont. Sobre ello se han pronunciado, la secretaria general, Marta Rovira, y la portavoz del grupo parlamentario, Marta Vilalta, y coinciden en que no temen que la vuelta del huido convenza a algún díscolo del partido para incumplir la disciplina de voto en sede parlamentaria -pese a que está por definir el sentido de voto de Mar Besses, la diputada del Jovent Republicà, clave para lograr la mayoría absoluta de 68 escaños-. “Lo que querríamos es que el president del octubre del 2017 vuelva a Cataluña en libertad", aseguró la recién llegada de su exilio en Ginebra en una entrevista en Catalunya Ràdio esta semana.
Por su parte, la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, ha abogado en el micrófono de la misma radio pública por retrasar la sesión de investidura en el caso de que Puigdemont cruce la frontera y ha defendido que "no viene de un día, ni de dos, ni de una semana, siempre que se haga antes del 26 de agosto", pese a que sí dejó claro que la formación de un Govern, por su parte, no dependería del de Junts.