La justicia ha confirmado la multa que la Generalitat impuso a Carrefour por vender pañales y un peluche sin etiquetar en catalán, en la primera sentencia que avala una sanción por estos motivos.
El origen de esta sentencia hay que buscarlo en 2017, cuando la subvencionada Plataforma per la Llengua, autodenominada ONG del catalán, delató a la cadena de supermercados ante la Agencia Catalana de Consumo, adscrita al Departamento de Empresa y Trabajo. Este organismo, tras avisar a Carrefour de que debía corregir ese detalle y negarse esta al etiquetado en catalán, impuso una multa de 7.500 euros a la compañía por incumplir el Código de consumo de Cataluña.
"Proporcional"
Los súper franceses recurrieron la sanción, primero ante la Administración y después en los tribunales, pero la juez Montserrat Raga, titular del Juzgado contencioso-administrativo 8 de Barcelona, ha desestimado la queja de Carrefour, de modo que avala la sanción de Consumo al ser "proporcional" y con "criterios acertados". La decisión es firme.
Raga sostiene que la "infracción" del artículo 126 del Código de Consumo es clara y manifiesta, que Carrefour vulneró los derechos lingüísticos de los consumidores catalanohablantes para unos productos que "requieren información sobre su uso y manejo". Y, aunque los pañales y el peluche son sencillos de usar, desliza que ambos van dirigidos a niños y pueden implicar riesgos.
Presión creciente
Para Plataforma per la Llengua, la sentencia marca "un precedente favorable muy importante, y debe servir para que las empresas se esfuercen en cumplir los aspectos lingüísticos del Código de consumo", una norma que, en su artículo 128, hace referencia a los "derechos lingüísticos" de los consumidores, como la atención "en la lengua oficial que escojan" y recibir en catalán "las informaciones necesarias para el consumo, uso y manejo de los bienes y servicios", entre otros.
Del mismo modo, la autodenominada ONG del catalán se congratula de que, gracias a su presión y al señalamiento público al que somete a los comercios con campañas como Radars lingüístics, la Agencia Catalana de Consumo ha "cambiado la actitud" y ha aumentado el ritmo de "denuncias" y "expedientes" contra empresas que incumplen el Código de consumo en materia lingüística.