PSC y Comunes han alcanzado un acuerdo para que los seis diputados de la formación morada voten a favor de la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat. El pacto, anunciado este miércoles, fuerza al candidato socialista a renunciar al proyecto de casinos Hard Rock y a aceptar la aprobación de un régimen sancionador para los propietarios que vulneren el tope al precio de los alquileres.
El texto, que será aprobado esta mañana por los consejeros del partido liderado por Jéssica Albiach, también incluye un pacto nacional por el agua que modifique los usos de los recursos hídricos de Cataluña.
Renuncia al Hard Rock
"Cataluña no podía convertirse en Las Vegas del mediterráneo, el Hard Rock no se hará", ha celebrado Albiach al arranque del Consejo Nacional celebrado en la sede de la calle Marina de Barcelona. El texto del acuerdo obliga al futuro Govern del PSC a "no facilitar" proyectos como este "macrocasino" y "eliminar la reducción de la fiscalidad al juego", en palabras de la líder de la formación.
Cabe recordar que el Parlament aprobó en 2014 una rebaja de la fiscalidad de esta actividad al 10%, cuando la anterior legislación contemplaba horquillas del 20 al 55%. Derogar esta ley ha sido una de las exigencias recurrentes de los Comunes, que ya tumbaron los Presupuestos de la Generalitat de Pere Aragonès precisamente a vueltas con el proyecto, que se encuentra atascado en trámites administrativos.
Así las cosas, el Ejecutivo de Illa se apartará de la iniciativa, por un lado, y no beneficiará en lo relativo a los impuestos a las empresas que la exploten, por otro. Falta por ver si este cambio lleva a los promotores privados a desistir del proyecto y a exigir reclamaciones millonarias, algo de lo que advirtió el actual Govern en funciones.
Los socialistas se comprometen a no desarrollar otra gran infraestructura que hasta ahora priorizaba. En esta legislatura no se impulsará el Cuarto Cinturón o B-23 hasta Granollers.
Sanciones por los topes al alquiler
En materia de vivienda, los Comunes sacan pecho de haber arrancado del equipo negociador encabezado por Lluïsa Moret el compromiso de "aprobar un régimen sancionador que haga efectivo el cumplimiento de la ley y detenga los pies a todos aquellos que especulen con este derecho". El nuevo Govern impulsará, pues, sanciones a los propietarios que ofrezcan su vivienda más cara de lo marcado por el tope al precio de los alquileres.
Panorámica de la ciudad de Barcelona
En paralelo, los socialistas se han comprometido a modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) --de ámbito estatal-- para evitar que los contratos migren del mercado permanente al de temporada o de habitaciones para escapar de la regulación de los alquileres.
Todo ello debe suceder antes de acabar el año, según el citado acuerdo.
Registro de grandes tenedores y compra de sus viviendas
Para los Comunes, la nueva legislatura debe suponer "un paso adelante en la garantía del derecho a la vivienda". Es por ello que ambas formaciones han pactado la promoción de la construcción de 50.000 pisos protegidos hasta 2030; de estos, 15.000 serán promovidos por el INCASÒL.
El Govern, asimismo, incorporará al menos 5.000 nuevas viviendas al alquiler social con una inversión 350 millones de euros para comprar viviendas y "edificios enteros" de grandes tenedores, de los que se elaborará un registro. Además, se promoverá la rehabilitación de otros 150.000 inmuebles en siete años con el mismo fin.
Pacto nacional del agua y portazo al trasvase del Ebro
Cataluña debe hacer frente a recurrentes sequías como la más reciente, la más grave que ha atravesado. Una situación que obliga a hacer una gestión más eficiente de los recursos hídricos, algo que quedará delimitado en el pretendido pacto nacional sobre el agua.
El pantano de Sau cuando estaba al 40% de su capacidad
El pacto obliga a ambas partes a "definir los ejes básicos" del mismo, respetando "los caudales ecológicos de las cuencas fluviales, el futuro del Delta del Ebro y el resto de zonas húmedas". Además, entierra el trasvase del Ebro hacia Barcelona --debate recurrente cada vez que falta agua y que el Govern de ERC tampoco quiso abordar-- y llama a establecer un plan de gestión eficiente de la demanda.
En añadido, recoge el compromiso de "avanzar en el abastecimiento de la región metropolitana" de Barcelona "sin depender del agua del Ter antes de 2030".
Más recursos para educación y sanidad
En lo relativo a la educación, PSOE y Comunes se marcan como objetivo "avanzar hacia el 6% de inversión pública tal y como establece la Ley de Educación de Cataluña", implementar de forma progresiva la gratuidad del comedor escolar y garantizar la educación infantil también gratuita en toda la comunidad.
Cola a las puertas de urgencias de un ambulatorio (imagen de archivo)
Así las cosas, el texto recoge el compromiso de destinar el 25% del Departamento de Salud a la Atención Primaria y Comunitaria, así como el refuerzo de la plantilla de psicólogos en los CAP y crear un servicio de psicología gratuita en ciudades grandes y capitales de comarca, orientado a jóvenes y adolescentes.