Puigdemont recurre la decisión que lo deja sin amnistía y recuerda que a Buch se le perdonó la malversación

El expresidente catalán Carles Puigdemont ha recurrido la decisión del juez Pablo Llarena de dejar la causa de malversación contra su persona fuera de la amnsitía y ha recordado que al exconseller Miquel Buch sí se le perdonaron los mismos hechos.

En un escrito presentado por el abogado del prófugo, Gonzalo Boye, el expresidente y líder de Junts denuncia la "grotesca arbitrariedad" del Tribunal Supremo para con la amnistía, pues pide que se le aplique el mismo criterio que exoneró a Buch: la malversación se perdona si los fondos tuvieron como finalidad el procés; es decir, no hubo enriquecimiento personal.

Acusa a Llarena de interpretar la ley para perjudicarle

Puigdemont considera que al negársele la amnistía se han vulnerado sus derechos constitucionales y que, al contrado de lo que dijo Llarena, ninguno de los procesados en la causa por el 1-O en el Supremo cometió ninguna clase de enriquecimiento que permita excluirles la aplicación de la amnistía por la malversación.

En este sentido, argumenta que cuando el juez identifica la aplicación de fondos públicos para financiar el 1-O con el beneficio personal de carácter patrimonial, reduce "a nada la amnistía", a sabiendas de que con ello dicta una resolución injusta, que infringe la Constitución y que "prescinde abiertamente de la inequívoca voluntad del legislador", para imponer una interpretación "perjudicial para la parte".

El argumento del juez

La defensa acusa al magistrado de hacer una interpretación "completamente insostenible" de la ley de amnistía y de incurrir en "quiebras lógicas y contradicciones tan evidentes" que, a su juicio, "basta la lectura" de la norma para "apreciar lo arbitrario de la resolución" de Llarena.

Según la tesis compartida por Llarena como por la sala segunda del Supremo, en el caso de la cúpula del procés la malversación queda fuera de la amnistía porque puso en riesgo las finanzas de la UE y porque hubo enriquecimiento personal ya que "hicieron con el patrimonio ajeno que les estaba confiado lo que no pudieron o no quisieron hacer con su patrimonio".

El voto de particular

Además del voto particular de la magistrada del Supremo Ana Ferrer -partidaria de aplicarles la amnistía-, Boye esgrime en su recurso la sentencia el pasado 25 de junio en que la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) amnistió al exconseller de Interior Miquel Buch, que había sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por fichar como asesor a un exescolta de Puigdemont para que siguiese protegiéndole tras su huida.

En el caso de Buch, en el que el agente condenado -y también amnistiado- cobró en los 224 días que fue asesor, entre 2018 y 2019, 52.712 euros de fondos públicos, el TSJC estimó que la ley incluía el perdón si los hechos sirvieron para "financiar, sufragar o facilitar" actos independentistas, siempre que no existiese un propósito de enriquecimiento personal, entendido como "beneficio personal de carácter patrimonial" cometido "al margen" de los "fines" del procés.

Boye: "Absurdo"

Además, el recurso también apunta que la "única interpretación lógica" de un auto de junio del pasado año del Supremo sobre la causa del 1-O -en que mantuvo la inhabilitación a los condenados tras la reforma del delito de malversación-, es que descartaba que se pudiera calificar la financiación del referéndum como un acto destinado al "enriquecimiento personal".

Por todo ello, Boye concluye que la decisión de no amnistiar a Puigdemont es "absurda, arbitraria, ilógica e irracional" y que además vulnera sus derechos constitucionales y también la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.