La fiscalía da el paso y presenta ante el Tribunal Supremo un recurso para amnistiar a Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Alto Tribunal, y Joaquín Sánchez Covisa, fiscal jefe de Penal, han registrado su escrito contra la decisión del juez instructor Pablo Llarena de excluir el delito de malversación del olvido penal, por el que están procesados los tres exdirigentes independentistas.
Así, el Ministerio Público se lanza a convencer al magistrado para que levante la orden de detención que pesa sobre el líder neoconvergente, de acuerdo con el criterio impuesto por el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Aunque de ser así, la vuelta de Puigdemont a Cataluña tampoco estaría garantizada, ya que este prometió regresar del extranjero para tratar de ser investido como president de la Generalitat, algo que previsiblemente no sucederá.
Precisamente este viernes vence el plazo para recurrir el auto que Llarena dictó el pasado lunes.
Desobediencia sí, malversación no
El instructor aseguró que no era posible aplicar la ley de amnistía a la malversación de fondos públicos que se le atribuye a Puigdemont porque, a su juicio, sí tuvo un enriquecimiento personal al no utilizar dinero propio, sino de las arcas de la Generalitat para celebrar el referéndum del 1-O de 2017.
Una decisión que entra en contradicción con la Ley de Amnistía, según el Ministerio Público, que ya pidió al juez que la aplicará no solo a la desobediencia, sino también a la malversación.
Fiscalía pide a Llarena que rectifique
"La voluntad del legislador es clara" y la exclusión de Puigdemont de la amnistía "no se ajusta a derecho", defiende el recurso dirigido al juez Llarena, al tiempo que insiste en que "no cabe otra opción que la aplicación de la amnistía".
Al hilo, aclara que "no discute que los hechos investigados sean constitutivos de un delito de malversación", pero remarcan que no hubo enriquecimiento personal ni afectó a los intereses financieros de la Unión Europea.