El TSJC admite el recurso de AEB contra el decreto que excluye el castellano en las escuelas de Cataluña

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite el recurso de Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) contra el Decreto Lingüístico de la Generalitat de Cataluña que impide aplicar la sentencia que obliga a dar al menos un 25% de clases en castellano en el sistema monolingüe obligatorio en catalán impuesto por el Govern en las últimas décadas.

AEB denuncia en su recurso contencioso-administrativo que el Decreto de la Generalitat 91/2024, de 14 de mayo, dedicado al régimen lingüístico de su sistema educativo no universitario, vulnera derechos fundamentales amparados en la Constitución como son el derecho a la no discriminación (artículo 14) y el derecho a la educación (artículo 27).

El castellano, excluido como lengua también vehicular

La entidad constitucionalista defensora del bilingüismo expone que, en el decreto del Govern, el castellano no es reconocido como lengua oficial ni como lengua propia. Y que, por tanto, la consecuencia de esa declaración es que no disfruta de la condición de lengua de la enseñanza ni de la Administración educativa.

Asimismo, AEB advierte que ese decreto lingüístico de la Generalitat supone, en su totalidad, la infracción del ordenamiento jurídico por haber sido aprobado por un gobierno en funciones más allá de lo que permite el artículo 27 de la Ley catalana 13/2008, de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno.

Piden la nulidad de la ley

Por todo ello, la entidad defensora del bilingüismo pide la nulidad del Decreto y pide que, mientras no se dicte sentencia, se adopten medidas cautelares que impidan su entrada en vigor.

Por último, AEB expresa su indignación ante el reiterado desamparo de los ciudadanos catalanes a las prácticas "sectarias" en el ámbito lingüístico  de la Generalitat. Y lamenta que el Gobierno de España no haya criticado ni actuado siquiera ante la aprobación y entrada en vigor de este Decreto el pasado miércoles 5 de junio.

"De nuevo son los ciudadanos los que han de recurrir a los tribunales para impedir la vulneración de derechos lingüísticos en Cataluña e intentar reemplazar la dejadez de funciones de los responsables políticos", lamenta la entidad constitucionalista.