El lío por la no amnistía a Puigdemont no atisba aún el final. La fiscalía recurrirá este viernes la decisión del juez instructor del procés, Pablo Llarena, de no olvidar el delito de malversación al expresidente catalán Carles Puigdemont y de mantenerle la orden nacional de detención que tiene vigente.
El Ministerio Público presentará su escrito precisamente el día que vence el plazo para recurrir el auto que el magistrado dictó el pasado lunes.
Trata de imponerse a Llarena
El instructor, en contra del criterio que defendió la Fiscalía, aseguró que no era posible aplicar la ley de amnistía a la malversación que se le atribuye a Puigdemont porque, a su juicio, sí tuvo un enriquecimiento personal y afectó a los intereses financieros de la Unión Europea (UE).
El Ministerio Público ya había pedido al juez que aplicara la amnistía a la malversación y a la desobediencia, al entender que no hacerlo "dejaría prácticamente vacío de contenido lo dispuesto" en la norma aprobada por las Cortes Generales.
El juez Pablo Llarena, instructor de la macrocausa del 'procés' / CG
La Fiscalía, además, había abogado por levantar las órdenes nacionales de detención que pesan sobre Puigdemont y el resto de exconsejeros huidos y procesados en rebeldía. Por lo que este es un nuevo intento por imponer su criterio.
Pugna por la malversación
Llarena declara no aplicable la amnistía a Puigdemont, igual que a los exconsellers Oriol Junqueras, Toni Comín, Lluís Puig y el resto de condenados. Según el instructor, "los procesados obtuvieron los materiales, prestaciones y servicios que precisaban" para llevar a cabo el referéndum con los impuestos de todos los contribuyentes de Cataluña y "eludiendo sufragar sus deseos o afanes con detrimento de su fortuna personal".
Los cuatro fiscales del procés ya se situaron en la misma línea, aunque luego cambiaron su posición para obedecer al criterio del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, partidario de amnistiar todos los delitos, también el de malversación.
Este debate no tiene lugar en lo referente a la desobediencia, ya que el juez sí la ubica dentro del ámbito de aplicación de la ley. Este es el único delito por el que estaba procesada Marta Rovira, secretaria general, por lo que ha dejado sin efecto su orden detención; no así la de Puigdemont, Comín y Puig, ha aclarado.