La Generalitat de Cataluña coincide con Junts: también rechaza el reparto de menores migrantes del Gobierno

Los partidos independentistas mayoritarios de Cataluña -ERC y Junts- coinciden, con diferencias de matiz, en su rechazo al reparto de migrantes menores no acompañados que el Gobierno plantea asignar a la autonomía. El mismo día en que la formación del fugado Carles Puigdemont ha advertido al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que votará contra su reforma de la Ley de Extranjería para esa distribución de menores vulnerables si no incluye una disposición adicional que exima a Cataluña de la obligatoriedad de acogerlos, la Generalitat también ha considerado inaceptable esa acogida tal y como se concibe en la actualidad.

La Consejería de Derechos Sociales, gobernada por ERC, ha asegurado este jueves que el Govern catalán no puede aceptar la propuesta del Gobierno central "en los términos en que se ha planteado". Y ha exigido modificarla, esgrimiendo como pretexto que no da respuesta a las circunstancias con que se encuentra la Generalitat a la hora de gestionar la acogida.

A vueltas con la "singularidad de Cataluña"

En un comunicado, la conselleria dice que mantiene la interlocución con el Gobierno para que se cambie el texto propuesto en aspectos como reconocer lo que los mandatarios secesionistas denominan "singularidad" de Cataluña en la acogida de los menores migrantes que incluyen no sólo procedentes de las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, sino también de otros territorios de España.

La Generalitat reclama que el texto respete en el fondo y la forma las "competencias" catalanas exclusivas en materia de infancia y se evite lo que llama "imposición unilateral" del Estado en el reparto de los menores.

También piden que lo financie el Estado central

La conselleria encabezada por Carles Campuzano pide que se garantice lo que considera un sistema de reparto "justo y equilibrado", con unos criterios que le parezcan claros y transparentes entre los territorios.

La Generalitat de Cataluña, asimismo, también exige que el Estado "asuma la financiación de estas acogidas" de menores no acompañados "que responde a las circunstancias reales que tiene Cataluña", según su terminología.