Lluis Escolà, el sargento de Mossos d’Esquadra que ayudó al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a huir a Bélgica tras la declaración unilateral de independencia ha sido, junto al exconseller Miquel Buch, el primero en beneficiarse de la ley de amnistía. El hombre de máxima confianza del prófugo de la justicia fue condenado a cuatro años de cárcel y 19 de inhabilitación por prestarle seguridad al neoconvergente en, al menos, 16 viajes mientras cobraba como asesor eventual de seguridad del Departamento de Interior tras ser elegido a dedo por el entonces conseller de Interior Miquel Buch.
El expresident, que declaró desde Waterloo como testigo durante el juicio a Escolà, negó haber intercedido para su contratación como asesor, una tapadera para que pudiese continuar ofreciéndole protección fuera del país. Sin embargo, no escondió la estrecha relación que los une. Se refirió a él como “un amigo” de su más absoluta confianza y como un “patriota” que prestó “servicio al país”. “Le he visto sufrir mucho para cumplir la ley para garantizar mi protección”, dijo el expresident durante la vista oral, confirmando ante el tribunal que el mosso había llegado incluso a pernoctar en su casa de Bélgica.
Expedientado por ayudar a Puigdemont a huir
El periplo de este mosso comenzó la misma noche en la que Puigdemont se fugó de Cataluña, el 29 de octubre de 2017. El sargento, que se ocupaba desde el nombramiento del expresident de coordinar y planificar su seguridad, sin comunicar los planes a sus superiores jerárquicos, acompañó en su huida a Puigdemont.
Por estos motivos el mosso fue expedientado y, el 23 de enero de 2018, como medida cautelar, se le trasladó de la unidad de escoltas a la comisaría de Martorell, a la que no se llegó a incorporar nunca tras encadenar permisos, vacaciones y bajas laborales.
La novena plaza para Escolà
El 29 de mayo de 2018, con Miquel Buch como conseller de Interior, después de que Quim Torra fuese elegido president de la Generalitat de Cataluña, Puigdemont pidió a la Consejería de Presidencia de la Generalitat acogerse al estatuto de los expresidentes para beneficiarse de los servicios de seguridad. Sin embargo, al estar en el extranjero este hecho exigía de la autorización de los Ministerios de Interior y Asuntos Exteriores.
Sin esperar una respuesta, previendo que sería negativa, Buch hizo una maniobra para garantizarle un escolta. Aunque ya había cubierto las ocho plazas propias que tenía designadas por acuerdo del Govern de la Generalitat, habilitó una novena, que le fue cedida por el Departamento de Presidencia, para contratar a un asesor en materia de sistemas de seguridad con la finalidad de que, una vez aprobada, fuese ocupada por Escolà. Lo hizo, según la sentencia consultada por Crónica Global, aunque sabía que no desempeñaría las funciones de asesor, pues la única finalidad de esta plaza era la de dar cobertura a la seguridad y protección reclamada por Carles Puigdemont.
Los tuits del sargento
Durante el periodo que fue asesor eventual, Escolà hizo alarde en sus redes sociales de los múltiples desplazamientos que realizó junto al expresident, acompañándolo en los actos en los que participaba.
Tras su nombramiento como asesor en julio de 2018, en agosto aseguró llevar ya “41 semanas haciéndose cargo del Molt Honorable President de la Generalitat” y añadió que, mientras su protección no se hiciese de “forma legal, se haría legítimamente”. “No sufráis, somos muchos más de lo que parece los que lo cuidamos”, decía en referencia a los agentes que acompañaban al expresident tras su huida a Bélgica. “A los que vayáis a Waterloo: sed respetuosos con los vecinos. Es un barrio tranquilo. Podéis dejar vuestros escritos en el buzón. Muchas gracias”, añadía.
El itinerario de viaje
El tribunal que lo condenó contabilizó hasta 16 viajes de Escolà. Él mismo fue dejando un rastro de migas de pan en las redes, en las que compartió su itinerario de viaje junto al neoconvergente. “45 semanas. Hemos estado con él [en referencia a Puigdemont] en Francia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Alemania, Escocia y Suecia. Seguimos. Hasta que lo devolvamos a casa”, “46 semanas. Seguimos. Añadimos Suiza” o “Recuerdos desde Waterloo”.
En las vísperas de Navidad, Escolà se fotografió en el interior de la casa de Puigdemont en Waterloo y le felicitó las fiestas públicamente. “Felices fiestas, president. De parte de todos sus escoltas”, remarcaba. “Sólo ha hecho falta que el cartero llamase una vez, porque siempre estamos. Muchas gracias”, rezaba el tuit que acompañaba a una foto de una tarjeta navideña dirigida al Área de Escoltas del Presidente en Waterloo
"No me gusta leer"
“No existe constancia documental alguna” que pueda corroborar que entre la fecha de su nombramiento y su cese como asesor del Departamento de Interior, que dirigía Buch en aquel momento, Escolà realizara estos servicios en el periodo vacacional correspondiente a la actividad laboral que supuestamente desempeñaba como personal eventual. Vacaciones que sí disfrutó entre el 15 de marzo y el 8 de abril de 2019, una vez fue cesado. Por su labor como asesor, que nunca desempeñó, percibió indebidamente 52.712,26 euros.
Un hecho que a Buch parecía darle igual, pues durante el juicio llegó a decir que le daba igual dónde estuviese Escolà con tal de que desempeñara su trabajo como asesor. La única condición que le puso tras su nombramiento fue que tuviese una disponibilidad absoluta. Mientras estuviese localizable, no le importaba desde dónde trabajase. “No tengo costumbre de preguntar a la gente dónde está. Yo necesitaba de él información, no sus coordenadas”.
Sobre los informes que elaboraba Escolà en su etapa como asesor -el único vestigio de su paso por la Consejería- que los mossos calificaron como “pobres” e “insustanciales”, Buch dijo que para él no eran informes sino “anotaciones”. “A lo que algunos llaman informes, yo les llamo notas, a partir de las cuales me preparaba mis discursos, que unas veces me salían mejor y otras peor”. De hecho, aseguró que él mismo ordenó que estos apuntes fuesen escuetos porque no le gustaba leer.
Ni responsabilidad civil ni penal
Así las cosas, además de condenarlo a cuatro años de prisión como autor de delitos de malversación y prevaricación y a nueve años de inhabilitación, el tribunal le obligó junto a Buch a devolver la cuantía recibida a las arcas públicas.
Sin embargo, bajo el paraguas de la amplia ley de amnistía quedan ahora los actos vinculados al procés independentista realizados por quienes hubiesen prestado asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad a los responsables. Así las cosas, el tribunal no sólo extingue su responsabilidad penal, sino también la civil al entender que no hubo un beneficio propio de carácter patrimonial.
En este caso, considera, "resultaría una paradoja insalvable que quien facilita a otro el ejercicio de funciones de seguridad y protección del expresidente mediante el dictado de una resolución habilitante, pueda ser amnistiado dada la falta de beneficio personal patrimonial y quien precisamente lleva a cabo dichas funciones no pueda serlo cuando su proceder se limita a percibir la retribución correspondiente por los servicios prestados".