Buch creó una plaza de asesor a medida para que un mosso escoltara a Puigdemont en el exterior

El exconseller de Interior Miquel Buch creó una plaza de asesor a medida en su departamento para que el sargento de Mossos d’Esquadra Lluís Escolà pudiese ocuparse de la seguridad del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont tras su huida a Bélgica. Así lo ha manifestado este miércoles en la Audiencia de Barcelona el intendente del cuerpo autonómico, que en aquel momento capitaneaba la División de Investigación Criminal (DIC), y que estuvo al frente de la investigación.

El intendente ha precisado que, tras la constitución del Govern el 1 de junio de 2018, el conseller de Interior en aquel momento, Miquel Buch, nombró a cinco asesores eventuales en su consejería para añadir otros tres más en fecha del 13 de junio. En total, nombró a ocho asesores, pero dejó una novena silla vacía. El motivo, ha incidido, lo conocieron más tarde a raíz de una serie de eventos que se sucedieron en esas fechas.

En primer lugar, en unas declaraciones en TV3, el abogado Jaume Alonso Cuevillas aseguró que Puigdemont tenía problemas tras su arresto en Alemania y solicitó que se le otorgaran las prerrogativas por su cargo. Tan solo tres días después de estas declaraciones, Buch viajó hasta Berlín y se reunió con el fugado. Cinco días más tarde, la consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, aseguró que se había dado inicio a las prerrogativas, y que la primera y prioritaria era ofrecer seguridad al expresident a través de Mossos d’Esquadra, una posibilidad que el ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska desestimó.

La novena silla, para Escolà

Durante aquel periodo de tiempo, como la citada novena silla, que pertenece a Presidencia, pero que estaba cedida a Interior, se había quedado vacía, Presidencia acordó retirarla. Sin embargo, la consejería de Buch solicitó recuperarla y en fecha del 20 de julio de 2018 se anunció la contratación de un experto en Sistemas de Seguridad.

No obstante, ha precisado el testigo, como ya no había presupuesto, el Departamento de Interior suprimió dos plazas de la plantilla de los Mossos d’Esquadra para costear la contratación de este experto, de libre designación, que recayó sobre el sargento Lluís Escolà. “Era una prerrogativa del conseller, podía nombrar a quien él quisiera, sin justificar su contratación o su cese, y era legal”, ha declarado.

En el momento de su nombramiento Escolà se encontraba de baja médica, tras encadenar numerosos días moscosos, vacaciones y libranzas por guardias para no acudir a su nuevo puesto de trabajo, en Martorell. El sargento fue desterrado del Área de Escoltas a la comisaría del Baix Llobregat tras ser expedientado y sancionado por facilitar y acompañar en su huida al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.  

La actividad de Escolà como asesor 

Según el intendente de Mossos d’Esquadra, el sargento Escolà cogió el alta médica el mismo día de su nombramiento como asesor, momento en el que ya se encontraba en Bélgica ejerciendo de escolta del expresident de la Generalitat. De hecho, ha recordado, ni siquiera acudió al Palauet para su nombramiento. Los investigadores tampoco pudieron constarar que accediera en ningún momento al edificio durante los meses posteriores, que tuviera una agenda, ni tampoco citas en el desempeño de su trabajo. Ha negado también que se logueara en los sistemas, que enviara correos electrónicos o que hiciera cualquiera de las tareas encomendadas inherentes a su cargo.

Tampoco consta que tuviera contacto con órganos de otros países. De hecho, durante los tres primeros meses como escolta, Escolà no tuvo ni ordenador ni teléfono. Su única actividad como asesor se reduce a 14 informes que Interior atribuye al sargento, “muy pobres, llenos de errores ortográficos e insustanciales”, algunos de ellos firmados cuando se encontraba en Bélgica. “No me consta que tuviera experiencia en esta materia, y en vista de los trabajos efectuados, es evidente que no la tenía”, ha subrayado el testigo. 

Los viajes de Escolà al extranjero 

¿Cómo sabían los investigadores de la DIC que Escolà no estaba en Cataluña? Porque el acusado era “muy prolífico” en redes sociales, especialmente a partir de su nombramiento como asesor. Él mismo se presentaba como escolta en activo del expresident y compartía imágenes de los lugares en los que se encontraba. Además, lo corroboraron también con la información de los vuelos aportada por las compañías aéreas y por las informaciones e imágenes publicadas en prensa. “Cuando Escolà tuvo conocimiento de la denuncia ante la fiscalía, borró su cuenta de Twitter, pero ya habíamos tarificado los tuits”.

El intendente a cargo de la investigación ha recordado que fue la Fiscalía Superior quien solicitó al jefe del cuerpo autonómico que se abrieran diligencias policiales para determinar no solo si Escolà prestaba servicios como escolta de Puigdemont en el extranjero con la connivencia de Interior, sino también si le ayudó a huir. La razón por la que prestó ayuda al expresident, ha precisado el testigo, se enmarca en la relación “cercana y de mucha confianza” que existía entre ambos, que también compartían afinidad ideológica.

La huida de Puigdemont

Por eso, el fin de semana anterior a que se aplicara el artículo 155 de la Constitución española sobre la autonomía de Cataluña “Escolà dio un paso que resultó determinante en todo lo que vino después”.

Según el jefe de la investigación, el 29 de octubre de 2017 Escolà ayudó a Puigdemont a urdir una huida de espaldas a la estructura del cuerpo policial al que servía. Esto no solo provocó la apertura de un expediente disciplinario y el inicio de la investigación que ha dado pie a la causa enjuiciada, sino que también provocó “una gran incomodidad” en el seno de los Mossos d’Esquadra. De hecho, el sargento intentó “reclutar” a otros agentes, lo que se convirtió en “un problema para el cuerpo”. Aunque la DIC detectó a cinco agentes de los Mossos en Bélgica, saben que fueron bastantes más.

Piden seis años para Buch 

Por estos hechos la fiscalía pide condenar al exconseller Miquel Buch a seis años de prisión y 27 de inhabilitación por los presuntos delitos de malversación de fondos y prevaricación al asignar escolta a Puigdemont en Bélgica. Para Escolà solicita cuatro años y medio de prisión, 13 años de inhabilitación absoluta y 10 años de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público. 

Además, el ministerio público calcula que los servicios de escolta del sargento en el extranjero tuvieron un coste que asciende a los 52.712 euros, que ahora reclama a los dos acusados en concepto de responsabilidad civil.