La Fiscalía de Barcelona ha pedido este miércoles al titular del juzgado de instrucción 7 de Barcelona que se amnistíe al medio centenar de policías nacionales investigados por las cargas que se realizaron durante la celebración del referéndum ilegal del 1-O en Barcelona. Según el ministerio fiscal, los policías no incurrieron en delitos de discriminación o contra la integridad moral lo suficientemente graves como para ser excluidos de la norma de gracia.
En un informe de apenas una página, la Fiscalía ha pedido al juez instructor que aplique la ley amnistía a todos los agentes procesados, a quienes se acusaba de delitos de lesiones y contra la integridad moral por las cargas para impedir el reférendum.
Actuaron de acuerdo con la constitución
La petición del ministerio público llega después de que el titular del juzgado de instrucción 7 pidiera a las partes que se posicionaran sobre si, en este caso, se debía aplicar o no la controvertida amnistía. En este sentido, los abogados de una decena de agentes de la Policía Nacional ya manifestaron que, en ningún caso, los agentes cometieron actos de tortura ni tratos inhumanos o degradantes, las dos excepciones que fija la norma de gracia para quedar fuera del perdón.
En su escrito, los abogados Javier Aranda y Sandra Melgar, del despacho Aranda, Melgar & Tasies Advocats, insisten en que los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que intervinieron en el 1-O en Cataluña lo hicieron en defensa de la legalidad y del orden constitucional, "en cumplimiento de sus funciones". Además, añaden que actuaron con la proporcionalidad y la mesura necesaria, de acuerdo con una "compleja situación" y con los "escasos medios de que fueron dotados", para evitar "la acción de miles de ciudadanos congregados en los centros de votación".
Agente de la UIP de la Policía Nacional en una imagen de archivo
Dudan de la ilicitud de los actos denunciados
El escrito de Aranda y Melgar también resaltaba que el preámbulo de la ley de amnistía deja claro que con ella no se pretende la "criminalización" de los funcionarios que actuaron para evitar el 1-O y que además especifica que su objetivo es "aliviar" la situación procesal de los investigados.
En este sentido, apuntaban, que en el caso de esta decena de agentes "están siendo investigados basándose en meras fotografías, sin acreditar su autoría, o por una aplicación del uso de la fuerza en su mínima expresión, de más que dudosa ilicitud, ya no penal, sino incluso administrativa".