La política catalana, pendiente de los tribunales (otra vez)

Los próximos pasos de la política catalana dependen, una vez más, de las decisiones que la justicia tome en los próximos días. El resultado de lo que se dictamine en las próximas horas podría dificultar, o facilitar, el retorno de Carles Puigdemont a Cataluña, programado, en principio, para el pleno de investidura del próximo 25 de junio, así como desacreditar el valor de la votación que permitió a Josep Rull convertirse en president del Parlament.

Por un lado, la cúpula fiscal se reúne este martes para fijar una postura sobre si el expresident Carles Puigdemont y el resto de líderes independentistas implicados en el procés deben ser amnistiados de todos sus delitos, así como si se debe pedir también al Supremo que levante las ordenes de detención nacionales.

Por el otro lado, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) estudiará a partir de este lunes si admite a trámite el recurso de amparo que presentó el PP por la decisión de la Mesa de Edad del Parlament de admitir el voto delegado de los diputados Carles Puigdemont y Lluís Puig, que no acudieron al pleno de constitución de la cámara catalana por encontrarse fuera del país para evitar la justicia española.

Dos tesis enfrentadas

Los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena invocaron, este viernes, el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para convocar una Junta de Fiscales de Sala, la cúpula de la carrera fiscal, que se celebrará este martes. El motivo es que no están de acuerdo con la orden dada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que les ha instado a pedir al alto tribunal que aplique la amnistía a todos los delitos de los líderes independentistas catalanes, cuando los cuatro fiscales aseguran que no se puede perdonar la malversación por ser "improcedente y contraria a las leyes".

Sobre la mesa, dos posturas enfrentadas. Los cuatro fiscales del procés abogan por dejar fuera de la amnistía la malversación, dado que, sostienen, la ley excluye los actos que "implican un enriquecimiento personal o un beneficio patrimonial" y además afectó a los intereses financieros de la Unión Europea, uno de los puntos que la norma excluye del perdón, por lo que entienden tampoco se pueden alzar las órdenes de detención nacional vigentes.

Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado EUROPA PRESS

Una tesis de la que discrepa frontalmente el fiscal general, que niega que esos intereses económicos comunitarios se viesen afectados en el desvío de fondos públicos para el procés, y que rechaza asimismo que hubiese "ánimo de enriquecimiento" personal en ese empleo de dinero público para el referéndum del 1-O. Además, García Ortiz avala levantar las ordenes nacionales de detención porque "desde el momento en que se advierta que opera una causa de extinción de la responsabilidad criminal sobre un sujeto es imperativo" su alzamiento en base al "imperio de la ley".

Afecta a siete implicados

La malversación afecta a los cuatro condenados que cumplen penas de inhabilitación por este delito (el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa) y también a tres de los fugados que no llegaron a ser juzgados por ello (el expresident Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig), procesados por malversación y desobediencia y sobre los que pesan, además, las órdenes de detención nacional.

Como ya anunciaron cuando le presentaron al fiscal general su informe contrario a amnistiar a Puigdemont y al resto de líderes independentistas, los cuatro fiscales quieren que las discrepancias existentes sean escuchadas por la cúpula de la carrera. Y si, tras la Junta, en la que la última palabra la sigue teniendo García Ortiz, se mantiene el criterio del fiscal general, creen que este debería asumir la causa o designar a otro fiscal para que lo haga, como dicta el artículo 25 del Estatuto, para que ellos pudieran apartarse.

Suspension de la Mesa del Parlament

Por su parte, el Tribunal Constitucional prevé resolver la cautelar que pide suspender la ejecución del acuerdo de la Mesa. El recurso, que el grupo del PP en el Parlament presentó el miércoles, se dirige contra el acuerdo por el que fueron elegidos los miembros de la Mesa del Parlament y se declaró constituida la cámara catalana, contabilizando los votos delegados de Puigdemont y Puig.

Sede del Tribunal Constitucional EUROPA PRESS

El argumento esgrimido por el PP es que la aceptación de esos dos votos delegados vulnera el criterio del Tribunal Constitucional, que la semana pasada estimó un recurso de PSC-Units contra los acuerdos de la Mesa del Parlament que en la anterior legislatura permitieron el voto telemático del exconseller Lluís Puig.

No obstante, la Mesa de Edad acordó el pasado lunes aceptar que Puigdemont y Puig puedan delegar su voto en el también diputado de Junts Albert Batet.