Los cuatro fiscales del 'procés' entregan el informe contrario a amnistiar la malversación de Puigdemont

En menos de 24 horas, los cuatro fiscales que participaron en el juicio del procés han entregado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el informe procesal que recoge su negativa a amnistiar la malversación que se le atribuye, entre otros, a Carles Puigdemont. Según su criterio, el expresidente catalán sí tuvo ánimo de lucro y que afectó a los intereses financieros de la Unión Europea (UE), por lo que debe quedar excluido de la norma de gracia en este sentido. 

Asimismo, los representantes del ministerio público apelan a García Ortiz que, en el caso de estar a favor de aplicar la ley de amnistía, deberá plasmarlo por escrito y convocar a la Junta de Fiscales para debatirlo. El informe procesal ha sido entregado a requerimiento del propio fiscal jefe, que les solicitó un expediente en el que se detallaran los motivos y argumentos de su posicionamiento. 

La malversación es "indudable"

En el documento, los fiscales defienden que es "indudable" que Puigdemont, los exconsellers procesados en rebeldía Toni Comín y Lluís Puig, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers condenados, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa,"sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar, contra las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, un proyecto inconstitucional de desintegración de España".

Los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno inciden, además, en que "esos fondos no han sido restituidos". Por todo ello, los cuatro informan al jefe del ministerio público de que se oponen a amnistiar la malversación atribuida a los encausados del procés.

Sí tuvieron ánimo de lucro

Asimismo, apuntan que la aplicación de la ley "en lo que concierne al delito de malversación de fondos públicos es improcedente y contraria a las leyes por no ajustarse a los criterios más elementales de lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de la norma".

Así, como ya adelantaron el pasado 30 de mayo en una reunión con García Ortiz, los fiscales entienden que los encausados sí tuvieron ánimo de lucro y afectaron a los intereses financieros de la UE y que, por ende, dichos actos quedarían fuera de la amnistía porque así lo fija la propia ley. Ahora, en el nuevo informe, avisan al fiscal general de que si no está de acuerdo con su criterio y considera que sí debe aplicarse la ley de amnistía, "deberá ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada".

Junta de Fiscales

En este sentido, avisan de que si ello sucede invocarán el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para elevar el asunto a la Junta de Fiscales para que se pronuncien sobre las dos posturas. Cabe recordar, no obstante, que el fiscal general tiene el poder de hacer valer su criterio tras escuchar al cónclave, tal y como fija el Estatuto.

Con todo, los fiscales sostienen que si García Ortiz --tras la Junta de Fiscales-- impone que se debe aplicar la amnistía, ellos no firmarán dicho decreto, sino que deberá hacerlo el propio fiscal general.