Once sentencias judiciales liquidan el plan de protección de la Costa Brava

Es lo que trasciende de la última sentencia reciente de la segunda instancia judicial contra el PDU, que anula un artículo clave de las normas urbanísticas al "vulnerar la autonomía municipal". Es el mismo motivo que arguyó el propio TSJC para anular la norma con anterioridad en otros municipios. 

En esta ocasión, los magistrados Jordi Palomer, Javier Bonet y Néstor Porto consideran que el veto a la construcción en una zona de Sant Martí d'Empúries (Girona) es "contrario a derecho", por lo que lo anulan. El suelo, pues, pasa de estar protegido a ser urbanizable. 

Once sentencias contrarias

Pero es que la resolución es una del total de once que han derribado epígrafes del plan. Con el mismo argumento: el Departamento de Territorio pisoteó las competencias municipales y se arrogó el derecho a blindar suelo como si fuera virgen, cuando ya no lo era. 

Imagen de la Cala Aiguafreda, en Begur (Girona) Cedida

Ocurrió, por ejemplo, en Aiguafreda (Begur), una de las calas icónicas de la Costa Brava. En 2021, el Govern decretó que un sector en el que se proyectaban 260 viviendas y tres hoteles era rústico, pese a estar urbanizado. El TSJC lo ha corregido. 

El Supremo, cuesta arriba

La cascada de pronunciamientos judiciales muestra la "irresponsabilidad de los redactores", según fuentes legales, y pone cuesta arriba el camino hacia el Tribunal Supremo para el Govern. La Consejería de Territorio admitió los fallos cuando comenzaron a llegar, pero respondió que acudiría en casación al Alto tribunal. 

Según fuentes jurídicas, la concatenación de sentencias en la segunda instancia complican la admisión a trámite y, también, un eventual fallo favorable. 

"Plan anterior"

Es así no solo por la cantidad de pronunciamientos contra el PDU --once--, sino también por los argumentos de los resueltos en favor del Govern. En uno de los fallos relativos a la zona de Pins del Rector de Cadaqués (Girona), el TSJU desestima el recurso recordando que hay un plan anterior que ya protege esta zona. 

El municipio de Cadaqués, en Girona Cedida

Es el Plan Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC), aprobado en 2005, y que ya vetaba la urbanización de algunas zonas. Pese a existir esta herramienta previa, el Govern redactó otra norma mucho más dura bajo la influencia de los polémicos ambientalistas de SOS Costa Brava. 

En el fallo concreto de Cadaqués, el TSJC le da la razón, pero le recuerda que ya había un plan previo. 

¿Mala fe?

Con estas cartas, un nuevo recurso al Supremo para tratar de salvar el PDU in extremis podría entrañar un correctivo legal. Es así porque si el TSJC ha fijado que una norma previa, el PDUSC, ya vulneraba la autonomía municipal. Ahora, otro plan director también lo hace, según el TSJC. 

Así, si se recurriera al Alto tribunal, se podrían abrir otros frentes, incluso penales, para el equipo del Departamento de Territorio. Un problema extra que se añadiría a las derrotas en la segunda instancia judicial, que abren la puerta a indemnizaciones millonarias a los propietarios de terrenos. 

SOS Costa Brava, autor intelectual

En esta encrucijada, un nombre permanece al resguardo de los vaivenes judiciales. Es SOS Costa Brava, que encabeza el abogado Eduard de Ribot. La entidad ecologista presionó al Govern para redactar el PDU y aprobarlo en máximos. Territori, con el director de Ordenación Agustí Serra a la cabeza, avaló las tesis de los antidesarrollo.

Eduard de Ribot, abogado y considerado uno de los autores intelectuales del PDU Cedida

Y eso que, como recuerda el TSJC, había planes urbanísticos anteriores que ya fijaban distintos grados de protección de la zona de veraneo catalana, explicó este medio. Pero primaron intereses de corte "político", insisten fuentes cercanas al Departamento, y se empujó con una norma restrictiva. Que los tribunales han derribado, con la consiguiente inseguridad jurídica y lesión a la reputación. 

Municipios afectados

El plan director urbanístico de revisión del suelo no sostenible en el litoral de Girona que la justicia ha enmendado afecta a Portbou, Colera, Llançà, el Port de la Selva, Cadaqués, Roses, Castelló d'Empúries, Sant Pere Pescador, l'Escala, Torroella de Montgrí, Pals, Begur, Palafrugell, Mont-ras, Palamós, Calonge i Sant Antoni, Castell-Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Tossa de Mar, Lloret de Mar y Blanes.