La Generalitat da el primer paso para llevar a los tribunales el índice del alquiler del Gobierno

La Generalitat de Cataluña da el primer paso para llevar a los tribunales el índice del alquiler del Gobierno. La conselleria de Territorio ha enviado un requerimiento al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para que "arregle" el sistema que fija el tope a los alquileres, que impone el índice de precios de referencia estatal y no habilita el establecido por el Ejecutivo catalán, que es distinto y no está exento de polémica.

Se trata del paso previo a la presentación de un recurso contencioso administrativo, tirando adelante una amenaza anunciada por el Govern de ERC. La consellera en funciones Ester Capella quiere anular la resolución y sus servicios jurídicos han presentado el requerimiento este viernes, después de que ya enviaran una carta al equipo de la ministra Isabel Rodríguez hace un mes.

Generalitat y Ministerio acordaron compatibilizar ambos índices

La Generalitat asegura que, durante las negociaciones técnicas mantenidas el pasado mes de enero, pactó con el Ministerio que este respetaría el índice acordado por Cataluña, y que velaría por la aplicación de un sistema con los dos índices

Sin embargo, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 15 de marzo la resolución que contempla la creación del sistema estatal, sin incluir "ninguna aplicación territorial ni ningún mecanismo de colaboración entre los diferentes índices", sostienen fuentes de la conselleria.

La resolución vulnera la normativa, asegura el Govern

"Si no rectifican, interpondremos un procedimiento judicial. La ley nos ampara, y lo defenderemos ante los tribunales si es necesario", dijo la consellera Capella. 

Hoy, el Departamento informa de que el texto de la resolución "comporta una vulneración de toda la normativa estatal vigente" y contraviene el Real Decreto Ley de medidas urgentes, que prevé expresamente que "las comunidades autónomas podrán definir de manera específica y adaptada a su territorio su propio índice de referencia".

La 'consellera' Ester Capella negocia con la ministra Isabel Rodríguez Govern

Las mismas fuentes recuerdan también que estos sistemas de coordinación que exigen están amparados por la Ley por el derecho a la vivienda estatal y la Ley de arrendamientos urbanos.

Inseguridad jurídica y distorsión de precios

Todas estas circunstancias se suman a la inseguridad jurídica por las prisas en la aplicación de una norma que todavía puede modificarse y que llega con una Generalitat en funciones por el adelanto electoral. 

El mapa de los 140 municipios con tope de alquiler en Cataluña Govern

Además, el índice reduce aún más la menguante oferta de pisos y genera una distorsión de precios del 36% en ciudades como Barcelona, según algunos portales inmobiliarios.