El Govern pisoteó tres planes anteriores para blindar la joya de la Costa Brava

El Govern desoyó al menos tres instrumentos de planeamientos urbanístico anteriores –y tres sentencias judiciales-- para proteger la urbanización Aiguafreda, situada en una cala de Begur (Girona) y que es uno de los rincones paradisíacos de la Costa Brava. El Departamento de Territorio, con Damià Calvet como conseller y Agustí Serra como director de Ordenación, contradijo sus propios planes precedentes para acontentar a los ecologistas de SOS Costa Brava. Ahora, encajan sentencias contrarias de la justicia.  

Lo recuerdan fuentes conocedoras de la tramitación del Plan Director Urbanístico (PDU) que desclasificó –protegió—miles de hectáreas en el litoral catalán en 2021. También Aiguafreda. La polémica norma ignoró, cuando no contradijo, las normas de planeamiento anteriores, así como tres sentencias judiciales –dos del TSJC y una del Tribunal Supremo-- poniendo en riesgo la seguridad jurídica.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) lo ha visto y está fallando en masa contra el Govern y los autores intelectuales de la norma: los ecologistas del abogado Eduard de Ribot.

Era zona urbanizada

Porque el PDU estableció que Aiguafreda era zona no urbanizable. Cuando ya estaba urbanizada. El espíritu de esa zona lo describió de forma genérica el Plan Territorial General de Cataluña, la ley 1/1995, que conminó a ordenar y completar las urbanizaciones de los sistemas costeros. Bebiendo de ese plan, el plan de ordenación urbanística municipal (POUM) de Begur, determinó claramente que Aiguafreda estaba urbanizada. Esa herramienta pedía "conservar y mejorar" la urbanización existente de la cala. Estaba pues, urbanizada.

En paralelo, el Plan Territorial Parcial de las Comarcas Gironines (PTPCG)  de 2010 aboga por "consolidar" las áreas especializadas del sistema de Palafrugell, donde se encuentra Aiguafreda. Todas las normas, las tres, pues, son contrarias a la "desclasificación" o protección que impulsaron Calvet y Serra en 2021. 

El avance del PDU sí cumplía

De hecho, el avance del PDU sí contemplaba Aiguafreda como suelo urbano consolidado (SUC). Es a partir de la aprobación inicial de la norma redactada con el plácet de SOS Costa Brava cuando el valioso suelo cambia y pasa a a ser "suelo de extensión urbana”, sin transformación urbanística". También se introduce el concepto de que “conserva el estado natural”.

Esa noción choca frontalmente con el hecho de que hay más de 400 viviendas de la zona, incluyendo los apartamentos de Cap de la Sal, además de viales y servicios. Es, jurídicamente, lo que se conoce como la "realidad fáctica". De hecho, el Ayuntamiento de Begur advirtió a Territori de esa situación, pero la Consejería hizo caso omiso.

“Responsabilidades patrimoniales”

En documentación a la que ha accedido este medio, el ente local alertó al Govern en los primeros compases de redacción del PDU de que Aiguafreda ya está "transformado urbanísticamente". Y que blindarlo ahora, cuando ya está urbanizado, "puede dar lugar a responsabilidades patrimoniales" contra la Administración. La misma advertencia se emitía para los sectores Bosc Major / Es Valls y Font de la Salut.

En 2018, de hecho, el propio Agustí Serra reconoció la "complejidad" de proteger Aiguafreda. Admitió que la cala era "suelo urbano" desde 1976, y emplazó a la Consejería de Territori a "exprimir al máximo todas las fórmulas" legales para no tener que pagar unas indemnizaciones que, según el ayuntamiento, ascenderían hasta 70 millones de euros, en algunos casos.  

Cambio de criterio

En tres años, el Departamento cambió de opinión. En la aprobación inicial del PDU, Aiguafreda ya era zona "no transformada", pese a todas las normas anteriores. Por el camino, SOS Costa Brava había ejercido una presión dura sobre el equipo de Calvet y Serra. Quizá por ello, cambiaron de criterio, y Aiguafreda pasó a estar desclasificada, o protegida –con el “estado natural”— para eludir las "indemnizaciones" de las que había alertado Begur.

Pero ahora, el TSJC da la razón a los recurrentes que están reivindicando todo el planeamiento anterior. "70 años de planificación urbanística", recuerdan algunas fuentes. Está fallando en cascada contra Territori y abriendo la puerta a pagos millonarios a los propietarios de terrenos y, si alguien se querellara, a posibles causas penales.

¿Quién fue el responsable?

 Preguntado por la cuestión, Territori no ha querido valorar los hechos. Solo ha deslizado que recurrirá los fallos contrarios, nueve, al Tribunal Supremo en casación. Eso sí, sus escritos quedaran al albur del durísimo filtro del alto tribunal y del hecho de que el TSJC ya ha referenciado fallos del Supremo para resolver en su contra. 

Y quedará por responder la pregunta de quién fue el responsable del cambio de criterio --"o temeridad"-- con Aiguafreda. La orden pudo venir del conseller Calvet, de Agustí Serra, que tuteló la redacción del PDU, o de la propia redactora, Maria Rosa Vilella. 

Por su parte, SOS Costa Brava y Eduard de Ribot guardan un prudente silencio.