Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat y beneficiado por la amnistía, ha celebrado la aprobación de la ley este jueves en el Congreso de los Diputados. Y ha aprovechado para insistir en su amenaza contra el Gobierno.
Para el organizador del 1-O, la amnistía "no es pasar página ni tampoco un punto final a nada, sino superar una etapa errónea de represión judicial y policial a un movimiento político".
Una simple "condición previa"
En un mensaje publicado en la red social X para acompañar sus declaraciones a la prensa desde Bruselas, el líder de Junts ha defendido el borrado de los delitos del procés como la vuelta de "un conflicto de naturaleza política" al campo de la política de forma "definitiva".
Así las cosas, y a pesar de la advertencia, ha rebajado la amnistía a una simple "condición previa" para negociar con el PSOE durante la legislatura del Gobierno. También ha defendido que el actual redactado "sí cumple las expectativas" que tenía su partido.
Aragonès y Sánchez también lo celebran
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reaccionado en las redes sociales a la aprobación, definiéndola como "un paso valiente y necesario hacia el reencuentro".
Por su parte, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que la aprobación de la Ley de Amnistía este jueves en el Congreso abre una nueva etapa "para conseguir la libertad de Cataluña.
"Culmina un trabajo colectivo que debe poner punto y final a la represión contra el independentismo", ha dicho también en X. En este sentido, se ha mostrado "muy feliz por todo el mundo que verá desaparecer la amenaza y el dolor de sus vidas".
Pendientes del Senado
El PSOE ha aceptado finalmente numerosas modificaciones en la proposición de Ley de Amnistía. Los cambios afectan tanto al articulado -en particular, a los delitos de terrorismo y malversación de fondos públicos- como a la exposición de motivos de la norma.
Ahora, es turno del Senado, que debe aprobar el texto, pero el PP tratará de aprovechar su mayoría en la cámara alta para dilatar lo máximo posible (un plazo de dos meses) que la ley culmine su aprobación.