Uno de los argumentos que, desde el Gobierno de PSOE y Sumar, más se han repetido a lo largo de la última semana al tratar de legitimar su ley de amnistía para todos los condenados y encausados del procés secesionista de Cataluña ha sido el supuesto respaldo de la Comisión de Venecia. La filtración de un borrador preliminar de este órgano consultivo del Consejo de Europa, pendiente de ser enmendado y aprobado todavía, ha servido al Ejecutivo de coalición español y a sus socios parlamentarios secesionistas para presumir de contar con su "aval" a la medida de gracia. Algo que, según advierten expertos juristas, no se corresponde con la realidad, sino más bien al contrario, pues dicho organismo contempla numerosas objeciones a la ley de impunidad del procés que el Gobierno y su entorno omiten.

Así lo denuncian juristas de Cataluña de reconocido prestigio que también han tenido acceso a dicho documento de la Comisión de Venecia, no disponible aún públicamente al tratarse de un borrador inicial y pendiente de aprobación. Es el caso de Rafael Arenas, vicepresidente de Impulso Ciudadano y profesor de Derecho Internacional Privado en la UAB, y Teresa Freixes, catedrática en Derecho Internacional, que acusan al Gobierno de faltar a la verdad y de "manipular", haciendo una interpretación tergiversada de ese texto preliminar. Tanto en las intervenciones públicas de sus dirigentes -caso, por ejemplo, del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños-, como en el texto del acuerdo de la versión definitiva de la ley de amnistía, sellado el pasado jueves entre PSOE, Junts y ERC.

Consultados por Crónica Global, ambos expertos en Derecho desgranan varios de esos puntos que ponen en tela de juicio tanto la ley de amnistía como la actitud del Gobierno en este asunto.

1.- Filtración de un borrador no definitivo

Para empezar, ambos afean que desde el Ejecutivo y su entorno se haya difundido una interpretación adulterada y sesgada del contenido de un documento confidencial, y concebido para ser estudiado por las partes antes de debatirse, ser enmendado y votarse a mediados de este mes. 

"Esto altera los términos del debate", lamenta Arenas, quien considera este hecho un acto de deslealtad hacia el Consejo de Europa.

2.- Vía de urgencia inapropiada

Una de las principales objeciones de la Comisión de Venecia a la ley de amnistía del procés es el camino elegido por sus impulsores para sacarla adelante: la vía de urgencia. Un procedimiento inadecuado -en palabras de la Comisión- al tratarse de una norma tan importante.

El borrador enfatiza que no es apropiado tramitar una ley de este tipo mediante procedimientos rápidos, pues el proceso debe ser reflexivo e inclusivo, fomentando la participación y el debate público.

Por tanto, Arenas valora que "si se hace caso al dictamen de la Comisión de Venecia, la ley de amnistía debería retirarse y volver a empezar mediante un trámite ordinario, no de urgencia”.

3.- Falta de debate y de informes de órganos consultivos

“Además, no debería tramitarse mediante una proposición de ley, como ha hecho el grupo parlamentario socialista en el Congreso, sino como un proyecto de ley”, opina el profesor de la UAB. Y es que, optando por la primera, el Gobierno ha conseguido acortar esos plazos de tiempo necesarios, limitar el debate y ahorrarse acompañar su iniciativa con informes previos de otros organismos que podrían cuestionar su validez. Por ejemplo, los del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o del Consejo de Estado.

La Comisión de Venecia deja claro en su borrador que las amnistías suelen tener su origen en fines legítimos como la reconciliación -argumento al cual se aferra el Gobierno para justificar su ley-, pero siempre respetando los métodos adecuados para no frustrar su propósito inicial.

Por tanto, esos procedimientos, según la Comisión, deben fomentar la participación. Y contar, además, con las consultas preceptivas, sobre todo cuando no existe un requerimiento constitucional de mayoría cualificada para su aprobación, como es el caso.

“No se pueden escatimar esos informes, limitar el ámbito del debate y aprobarse la ley de tapadillo”, considera Arenas.

4.- Dudas sobre la constitucionalidad de la ley

Aunque la Comisión de Venecia no entra a valorar si la ley es constitucional o no, al ser competencia de los Estados -y, más en concreto, del Tribunal Constitucional-, en el punto 87 de su borrador se señala que en España existen dudas de que lo sea. Y, al darse esa controversia, recomienda que se lleve a cabo una reforma o enmienda constitucional, que sirva para aclarar esa incógnita de forma explícita en la Carta Magna. Lo cual, obviamente, requeriría una mayoría mucho más amplia que la actual, y un proceso mucho más largo.

Además, el texto de la Comisión indica que las amnistías no pueden diseñarse para “individuos específicos”, como podría ser el caso de los condenados y encausados del procés secesionista.

5.- División y ausencia de consenso

La Comisión de Venecia también constata en su borrador la “fuerte división”, el rechazo y las “duras críticas” que la ley de amnistía del procés está generando. No sólo en el ámbito político y judicial, sino también en las instituciones y en la sociedad en general.

Así, su escrito recuerda incluso que, según encuestas recientes, un 70% de españoles rechazan la amnistía del procés.

6.- Falta de arrepentimiento y de reparación a las víctimas

El borrador de la Comisión de Venecia sugiere además que una amnistía debe preservar la responsabilidad civil por los daños sufridos por particulares, atender y respetar los derechos de las víctimas, y que los culpables admitan su responsabilidad.

En este sentido, Arenas opina que “esto no se da en el caso de la ley de amnistía española. Las víctimas de los hechos de 2017, algunas de ellas afectadas directamente, como los policías heridos o quienes vieron robados sus datos personales para la confección del censo del referéndum ilegal, son completamente obviadas por quienes promueven la ley. Y además no hay ninguna asunción de responsabilidad por parte de delincuentes que van a ser amnistiados, al revés, dicen que lo volverán a hacer”.

Freixes, por su parte, destaca que la Comisión cuestiona que la proposición de ley de amnistía no tiene suficientemente en cuenta los derechos de las víctimas.

7.- Valoraciones generales, no sólo para España

Según ambos expertos, el Gobierno y sus aliados parlamentarios secesionistas interpretan de forma incorrecta el “informe preliminar” de la Comisión de Venecia, pues si bien ésta contempla las amnistías, en general, como una medida "excepcional" para lograr la reconciliación en determinados conflictos, omiten los detalles apuntados en párrafos anteriores que conciernen al caso español.

8.- Malversación y terrorismo

En lo referente a los delitos amnistiados ahora, entre ellos los de malversación y terrorismo, Freixes indica que el borrador de la Comisión aprecia imprecisiones en su delimitación, que deberían definirse de forma más clara. Y también cierta falta de justificación acerca del período temporal abarcado: desde noviembre de 2011 a finales de 2023.

En el caso concreto del delito de terrorismo, según la catedrática, la Comisión de Venecia tampoco ve claro de qué forma y hasta qué punto se incluye. La ley de amnistía inicial analizada -previa a los nuevos cambios del pasado jueves, acordados por el PSOE, ERC y Junts- contemplaba que quedaran impunes los acusados sin sentencia firme. Sin embargo, según Freixes, la Comisión apunta en su escrito que la etapa procedimental es irrelevante, dando a entender, según Freixes, que este delito debería perseguirse con o sin sentencia.

9.- Trabas a la suspensión

La catedrática apunta además que el informe de la Comisión también pone en cuestión la falta de claridad de la ley de amnistía en lo relativo a la posibilidad de poder suspender su aplicación. En especial, en el caso de presentarse una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que haría que la impunidad no pudiera hacerse efectiva de inmediato.

Freixes considera que la ley de amnistía del procés va en la línea de intentar poner trabas a esa suspensión. Y alerta que, en general, su contenido "todavía ha empeorado con los cambios" del pasado jueves, pendientes de valorar en el informe definitivo de la Comisión de Venecia que se conocerá en las próximas semanas.

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