Aragonès también señala a los jueces por la amnistía: “Es una mala noticia para los que quieren hacer política con el Código Penal”

Junts y ERC abren la puerta a acusar de prevaricación a los jueces si mantienen la interpretación del anterior Código Penal en causas de terrorismo y traición. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que el acuerdo de la Ley de Amnistía, que acaba de ver la luz en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, es una "mala noticia para los que quieren hacer política con el Código Penal" desde la Audiencia Nacional, refiriéndose al juez que instruye la causa del Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón.

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, en declaraciones a los medios EUROPA PRESS

En este sentido, ha advertido de que "en nuestro Estado de Derecho" las leyes "se aprueban en el Parlamento", por lo que los tribunales "tendrán que aplicar la ley según el contenido" que, a su parecer, "queda muy claro". Cabe recordar que, tras semanas de negociación entre PSOE y Junts, la ley deja fuera solo los actos que puedan ser calificados como terrorismo según la normativa europea, al margen del Código Penal.

"Final de una pesadilla"

En declaraciones a los medios, el republicano ha celebrado que la ley "blinde a los afectados", entre los que se incluye al expresidente de la Generalitat fugado Carles Puigdemont y a algunos de su propio partido, tales como la secretaria general, Marta Rovira, y el diputado Rubén Wagensberg, que se fugó a Suiza por su vinculación con Tsunami.

Según dice, este paso supone "el inicio del final de una pesadilla" y, a su vez, "el reconocimiento de que la represión del Estado ha sido ilegítima". Ha agradecido "a todos los grupos parlamentarios que han dado su visto bueno a un texto que abre "una nueva etapa de derechos y libertades". 

El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont Europa Press

Los acusados por el Tribunal de Cuentas

También se ha congratulado de que el texto no solo blinde a todos aquellos investigados por terrorismo y traición en la causa del procés, sino también a los acusados por el Tribunal de Cuentas al haberse ampliado el periodo de aplicación hasta el 1 de noviembre del 2011.

"Apoyo a todas esas familias que tenían la amenaza de la represión económica simplemente porque uno de sus miembros era un representante político y servidor público que hizo lo que tenia que hacer", ha espetado.