Las guerras soterradas en la negociación de los presupuestos de Aragonès

Queda menos de un año para las elecciones catalanas y los partidos ya empiezan a hacer sus cálculos y movimientos electorales. En ocasiones, sin demasiado disimulo. Ante una situación de emergencia por sequía, con múltiples sectores sociales y económicos afectados, los Presupuestos de la Generalitat son la ley más importante del mandato. De ahí que existan guerras soterradas en su negociación. Unas guerras más orientadas al negocio de los votos que a dar respuesta a la crisis.

Ningún movimiento es casual. ERC y Junts siguen inmersos en su batalla particular por hacerse con el espacio independentista en un momento en el que ninguno de los dos puede erigirse como el guardián de las esencias del movimiento al haber pactado con el Gobierno de España. Principalmente, la Ley de Amnistía que previsiblemente verá la luz en los próximos días.

Junts quiere desgastar a ERC

Pero Junts aprovecha su voto en contra a los presupuestos de Pere Aragonès para debilitar todavía más a un president que ya se quedó en minoría, con tan sólo 33 diputados, tras el divorcio en mitad de mandato. Un caso similar al de la CUP, que empezó siendo socio del Govern dando su sí a la investidura de Aragonès y que, ante su irrelevancia en el Parlament, en estos momentos intentan simular que siguen siendo igual de duros que hace dos años.

Sobre todo, ante el nacimiento de otros proyectos independentistas de sesgo radical, como el que han anunciado Jordi Graupera y Clara Ponsatí, más cercanos a posicionamientos unilaterales o al todo vale por la independencia.

El PSC evita dejar caer a Aragonès… todavía

Fuera del espectro nacionalista las guerras también existen. El PSC se hizo de rogar, pero finalmente ha dado el visto bueno a las cuentas de un Pere Aragonès a quien no les interesa dejar caer para no propiciar un adelanto electoral de consecuencias desconocidas. De ir a comicios demasiado pronto, los socialistas podrían tener que encajar los daños colaterales de una Ley de Amnistía que aún no se ha consumado en el Congreso de los Diputados. Así como los resquicios del caso Koldo, que ha afectado estas semanas al presidente Pedro Sánchez.

Los comunes temen una fuga de votos

Con todo, la aritmética parlamentaria que se necesita para la aprobación de los presupuestos -68 votos-, ha hecho imprescindibles, de nuevo, a los comunes. Los de Jéssica Albiach siguen enrocados en el no a las cuentas hasta que el Govern renuncie al Hard Rock. Una exigencia con tintes ideológicos de cara a la galería, pero tras la que algunos ven la mano de Ada Colau, quien sigue en escena porque Collboni se niega a hacerle teniente de alcalde.

En los últimos días los dirigentes de Catalunya en Comú han señalado directamente al PSC. Disparan contra Salvador Illa, acusándole de “situarse más a la derecha que el PSOE”. La realidad es que las encuestas no son buenas para los comunes, que intentan derechizar a los socialistas para evitar que parte del electorado que en las últimas elecciones confiaron en Albiach se decanten esta vez por la papeleta del exministro de Sanidad como voto útil. Hacía años que el espacio a la izquierda de los socialistas no se veía en una encrucijada de tal magnitud.

La derecha busca hueco

Por su parte, en el ala derecha se encuentran PP, Ciudadanos y Vox, que no son necesarios para aprobar los presupuestos, pero que sí mantienen una escalada de dureza retórica frente a los partidos independentistas para seducir al electorado constitucionalista.

Un grupo de votantes confuso con los cambios de liderazgos y vaivenes de estas formaciones en los últimos años, pero que también podría ser decisivo a la hora de distribuir los apoyos en un futuro debate de investidura. Y es que puede que los independentistas no sumen para gobernar, pero los protagonistas de un tripartito encabezado por Illa tampoco lo tendrían fácil en caso de alta fragmentación.