El Tribunal Supremo inadmite la querella contra Asens, Pisarello y Badia por el parque temático del deporte en Montjuic

El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella interpuesta contra los diputados de Sumar Gerardo Pisarello y Eloi Badia y contra el exdiputado Jaume Asens por sus actuaciones en el fallido parque de atracciones del deporte ubicado en la montaña de Montjuïc de Barcelona, el proyecto Open Camp que acabó en concurso de acreedores.

Los magistrados de la Sala de lo Penal concluyen “que no hay razones que justifiquen la apertura de un proceso de investigación penal” tras la “lectura atenta” de un escrito en el que se describían presuntos delitos de amenazas condicionadas, coacciones, extorsión, falsedad documental, fraude funcionarial, prevaricación administrativa, cohecho pasivo y financiación ilegal de partido político. Concluye que “no aprecian relevancia penal” en los hechos denunciados.

Promesa de campaña de Colau

Estas actuaciones se detallan en una extensa querella que consta de 86 apartados. La tesis defendida es que los querellados habrían realizado actuaciones concertadas y dirigidas en un periodo dilatado de tiempo para que el proyecto Open Camp del Anillo Olímpico de Barcelona no llegara a buen puerto.

Esta es la tesis que ha mantenido en el tiempo los administradores de la mercantil Gaudi Innovatio, la empresa promotora de esta propuesta deportiva. De hecho, acabar con esta iniciativa privada era una de las promesas que Barcelona en Comú hizo en la campaña electoral de 2015, junto a la de cesar relaciones con el Mobile World Congress (MWC).

Incumplimientos contractuales

La sala presidida por el magistrado Manuel Marchena, con el juez Eduardo de Porres Ortiz como ponente del auto, señala que el relato de la acusación detalla una falta de colaboración institucional para que la iniciativa se desarrollara que “en el caso de ser cierto, podría dar lugar al ejercicio de las acciones civiles o administrativas que correspondan por incumplimiento pactado en contrato, pero que son ajenas a la jurisdicción penal”.

Es decir, a que la empresa pública del Ayuntamiento de Barcelona BSM no colaboró con el desarrollo del Open Camp de Montjuic tal y como se había pactado cuando el parque temático deportivo echó a andar por el cambio político en el consistorio. La iniciativa se diseñó en el gobierno liderado por Xavier Trias, pero el grueso de su actividad tuvo lugar durante el primer mandato de Ada Colau, el considerado más ideológico.

Denuncia por lo civil o lo contencioso-administrativo

Se había detallado una “colaboración concertada” entre BSM y Open Camp para obtener financiación tanto en el ámbito nacional como en la Unión Europea que no se llevó a cabo. Tampoco se recibió el impulso local para el “desarrollo paralelo de un proyecto similar”, tal y como concluye el auto del Supremo.

Los magistrados señalan que la denuncia interpuesta “se presenta como delito lo que no son sino las actuaciones realizadas por los querellados en el marco de un complejo conflicto contractual”. Añade que en la “querella no se describen hechos que presenten caracteres de delito, por lo que las eventuales diferencias existentes en torno al incumplimiento del contrato por parte de BSM y las consecuencias que de ello se puedan derivar habrán de ser planteadas, en su caso, ante la jurisdicción civil o contencioso-administrativa”.

De este modo, la Sala de lo Penal señala a los impulsores de Gaudi Innovation cuál es el camino que deben seguir si quieren continuar su periplo legal contra los tres políticos que en el momento de los hechos estaban en el Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona y presuntamente estaban implicados en los incumplimientos contractuales de BSM con el desarrollo de Open Camp.