El Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona, que investiga los retrasos en la vacunación contra el coronavirus a policías nacionales y guardias civiles en Cataluña, ha propuesto al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que se encargue de la causa para incluir a la entonces consellera de Salud, Alba Vergés (ERC), al estar aforada por su actual cargo de vicepresidenta del Parlament.
En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha elevado una exposición razonada al TSJC después de haber tomado declaración el 12 de enero a Vergés, que acudió voluntariamente a la citación juzgado pese a ser una instancia inferior a la que le corresponde por su condición de política aforada.
Vergés justificó que se detuviera la vacunación a los agentes que no eran Mossos d'Esquadra aduciendo que siguió el criterio del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Exclusión
Para evitar duplicidades la causa al completo se trasladará al TSJC, lo cual también afecta al resto de investigados. Entre ellos, al sucesor de Vergés como conseller y ex secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon; al exdirector del CatSalut, Adrià Comella; al entonces director de Servicios de Salud, Xavier Rodríguez Guasch; y al exsecretario general de Salud de la Generalitat, Marc Ramentol.
Con lo investigado hasta ahora, el juez considera tener suficientes indicios contra Vergés, que surgen "principalmente de la contundente declaración" de Ramentol -que aseguró que los altos cargos de la conselleria acordaron parar la vacunación- y de una prueba documental sobre la participación de Vergés en la decisión de suspender la vacunación ya programada.
Mensajes de Whatsapp y una sentencia
En este sentido cuenta con mensajes de Whatsapp en los que una asesora de Vergés dijo a la secretaria de Salud Pública y entonces subdirectora general de promoción de la Salud, Carmen Cabezas, que la consellera quería parar la vacunación: "Otra vez, la consellera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podremos argumentarlo. Lo tendríamos que parar".
Se da la circunstancia de que el TSJC ya se pronunció sobre este asunto en la vía contencioso-administrativa, a raíz de un recurso de sindicatos policiales que derivó en una sentencia en la que el tribunal concluyó que el plan de vacunación de la Generalitat fue "discriminatorio" para los policías y guardias civiles en Cataluña.
Ramentol señaló a Verges, Argimon y Comella
El instructor sostiene que la decisión de paralizar la vacunación fue de Ramentol, Argimon, Comella, Rodríguez y Vergés, recuerda que está documentada en un mail que el primero envió a Cabezas y Rodríguez, y que el propio Ramentol "admite haber participado en la adopción del acuerdo de paralización de la vacunación".
En su declaración como investigado, Ramentol "afirmó con contundencia que la decisión de parar la vacunación de Policía Nacional y Guardia Civil fue adoptada de manera colegiada en el departamento de Salud" y que participaron Vergés, Argimon y Comella.
Según dijo al juez Ramentol, fue una decisión dialogada, discutida, debatida y consensuada entre esos tres responsables, e insistió en que la orden que él dio por mail "desde principio a fin es una decisión colegiada".
Investigación
A esta propuesta que envía al TSJC, el juez ha adjuntado una copia de todas las diligencias que ha hecho hasta ahora para investigar la causa, que a su parecer incluyen suficientes indicios de los presunta prevaricación administrativa y contra los derechos de los trabajadores.
El juez también indica al TSJC que el ritmo de vacunación a policías y guardias civiles fue "muy diferente" del que tuvieron los cuerpos de emergencias de la Generalitat, y para ilustrarlo señala que el 24 de marzo de 2021 se habían vacunado un 77% de Mossos d'Esquadra, un 68,9% de policías locales y Bombers de la Generalitat, un 77,9% de la plantilla de la Guardia Urbana de Barcelona y el 66,9% de Bombers de Barcelona, y en cambio sólo el 3,6% de la Policía Nacional y el 2,8% de la Guardia Civil en Cataluña.
Añade que parar la vacunación fue "una decisión arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria, adoptada por altos cargos del departamento de Salud contra funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil".