La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido que se investigue a la exconsellera de Salud Alba Vergés, de ERC, por el supuesto "retraso" en la vacunación de guardias civiles y policías nacionales en Cataluña, una "diferencia de trato" que cree podría ser "injustificada y discriminatoria". En un informe que se ha hecho público hoy, se ha mostrado a favor de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admita a trámite la querella presentada por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UOGC) contra la actual vicepresidenta primera de la Mesa del Parlament y apunta a que también podrían derivarse responsabilidades penales contra el exsecretario de Salud Pública y ahora consejero de Salud, Josep Maria Argimon (propuesto por JxCat).
El Ministerio Público llega a estas conclusiones después de la sentencia del TSJC que concluyó que la Generalitat había discriminado a los agentes de estos dos cuerpos. Considera que se llegó a esta situación ante la decisión política de anteponer la vacunación contra el Covid de los efectivos de los Mossos d'Esquadra y de los cuerpos policiales municipales a los estatales. No apreció ninguna justificación sanitaria a esta iniciativa.
Querella de los agentes
La querella de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil acusa a Vergés y al entonces director del Servei Català de la Salud, Adrià Comella, de los delitos de prevaricación, contra los derechos de los trabajadores, contra los derechos fundamentales y libertades públicas y contra las garantías constitucionales.
Los retrasos en el inicio de la inmunización de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional fue tan clamoroso que se tuvo que judicializar para que la Generalitat moviera ficha y les reservara viales. El TSJC ordenó al Departamento de Salud en en abril de 2020 que empezase a inyectar los anticuerpos artificiales de coronavirus a este personal de las fuerzas de órden público. Asociaciones y sindicatos policiales habían denunciado la situación que vivían, ya que también estaban movilizados de forma extraordinaria pero el Govern se resistía a vacunarlos.
Como recuerda la Fiscalía en su escrito, el pasado diciembre la sala contenciosa del TSJC condenó a la Generalitat por la "inactividad, retraso o falta de iniciativa" por parte de Salut "al dar cumplimiento al Plan Nacional de Vacunación en relación con los policías nacionales y guardias civiles que ejercen en Cataluña.
Intencionalidad 'obvia'
Para el Ministerio Público, "resulta obvio" que el supuesto retraso en la vacunación de los colectivos de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil "no pudo llevarse a cabo sin el conocimiento, consentimiento y aquiescencia" de quienes eran los máximos responsables de la consejería. En su escrito, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio apoya que se investigue la querella contra Vergés, "sin perjuicio de que las responsabilidades criminales imputadas puedan extenderse --en el curso de la instrucción judicial y a su resultado-- a otros entonces responsables de la consejería".
Concretamente, el fiscal alude a Argimon, que como secretario de Salud Pública era responsable de la vacunación en Cataluña, y al exdirector de Servicios Xavier Rodríguez. La decisión del TSJC de obligar a la Generalitat a acelerar la inmunización de los agentes de cuerpos del Estado suscitó las críticas del Govern y, concretamente, del propio Argimon, que advirtió de que la vacunación de esos policías retrasaría la del colectivo de personas de 70 años de edad.