El 'no' de Junts a la ley de amnistía sulfuró a ERC, que sigue sin entender los argumentos de sus exsocios del Govern. Neoconvergentes y republicanos tienen enfoques completamente distintos, hasta el punto de devolver el proyecto prácticamente a la casilla de salida.
Los siete diputados del partido de Carles Puigdemont han detenido los trámites y han devuelto el texto a la Comisión de Justicia. Esta tiene un plazo de 15 días naturales, prorrogable hasta un mes. ¿Hay margen para el acuerdo?
Viraje de última hora
A la espera de saber si los negociadores socialistas e independentistas son capaces de encontrar una solución, el bloqueo de la ley de amnistía está reabriendo la brecha estratégica entre JxCat y ERC. En apenas unos días (y tras las advertencias de Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont) en Junts pasaron de elogiar el redactado a lamentar "agujeros" y pedir cambios que impidan a los jueces procesar al expresidente por terrorismo o traición.
Carles Puigdemont y Pedro Sánchez, en una imagen de archivo en la Eurocámara
Un viraje que enfadó a los pragmáticos de Junts y que se produjo precisamente después de que el juez Manuel García-Castellón, que imputó por terrorismo a Puigdemont en el caso Tsunami Democràtic, y Joaquín Aguirre, que indaga una presunta trama rusa del 'procés' dentro del 'caso Volhov', dispararan las alarmas en Junts, dispararan las alarmas ante la posibilidad de que la ley no cubriera las espaldas del presidente del 1-O
La situación "se puede reconducir"
Una vía alternativa sería reformar el Código Penal (para precisar la definición de terrorismo) o la Ley de Enjuiciamiento Criminal (para limitar la potestad del juez de alargar la instrucción), pero Junts quiere transaccionar en comisión sus enmiendas a la amnistía.
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón / EFE
Fuentes de JxCat consultadas por EFE creen que la situación "se puede reconducir", sobre todo después de que Pedro Sánchez desvinculara independentismo catalán de terrorismo, aunque lo más probable es que un eventual acuerdo no llegue antes de las elecciones gallegas.
ERC quiere asegurar el tiro
El enfoque de ERC es completamente distinto: coinciden con los socialistas en rechazar más retoques a la ley de amnistía (que ya ven "robusta") para no comprometer su "seguridad jurídica". Si la tumba el Tribunal Constitucional (TC) o la justicia europea, "entonces sí que será papel mojado", razonan fuentes republicanas.
El presidente de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados
En ERC valoran los esfuerzos del PSOE por hacer suya la defensa de la amnistía pese al desgaste electoral que pueda provocarle y no están de acuerdo con la táctica de Junts de tensar la cuerda de la negociación hasta el último minuto para intentar sacar más réditos, a riesgo de hacer descarrilar la legislatura.
Las posiciones en el tablero
¿Cuál puede ser la fórmula que desatasque el acuerdo? Sánchez no prevé cambiar el texto de la ley ni reformar el Código Penal, pero no descarta cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque esa no es una vía que convenza a JxCat, que sigue enrocada en sus enmiendas vivas, si bien se abre a transaccionarlas para añadir garantías de una amnistía "integral".
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras (i), y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (d) durante la sesión extraordinaria del Congreso, en el Palacio del Senado, a 18 de enero de 2024
Fuentes de ERC advierten de que no aceptarán enmiendas que dificulten que la ley pase los filtros del TC y de Europa, pero admiten que habrá que ser "imaginativos" para convencer a Junts. Subrayan que es imposible anticiparse a la acción de determinados jueces, por lo que, si esta amnistía no acabase abarcando a todos los encausados, habrá que luchar "caso por caso" y, en último término, plantear nuevos indultos.
Después de las elecciones gallegas
Fuentes de JxCat y ERC coinciden en señalar que las negociaciones no se cerrarán en los próximos días, sino que se alargarán más allá de las elecciones gallegas del 18 de febrero: el PSOE podrá negociar con menos presión, mientras que Junts puede apurar al máximo el plazo del que dispone la Comisión de Justicia.
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