La Sindicatura de Cuentas ve “fraccionamiento indebido de contrato” en el centro de estudios jurídicos de la Generalitat

La Sindicatura de Cuentas denuncia "fraccionamiento indebido de contrato" en un ente de la conselleria de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Se trata de su centro de estudios jurídicos: el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE).

El órgano fiscalizador de cuentas públicas ha analizado las cuentas del CEJFE del año 2020, durante el cual se extrae que este ente autónomo administrativo dependiente del Govern catalán llevó a cabo 1.639 actividades de formación y rubricó 2.070 contratos por un valor superior al millón de euros.

El informe de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña aprecia diversas incidencias relacionadas con contrataciones públicas para cubrir necesidades "recurrentes o previsibles". Lo cual supone una irregularidad, al tratarse de un "fraccionamiento indebido" de contratos.

"Carencias en licitación, adjudicación y ejecución"

"En los contratos no menores se han detectado carencias en las fases de licitación, adjudicación y ejecución de los expedientes", señala el estudio de la Sindicatura.

"En los contratos revisados se han detectado determinadas incidencias relacionadas con contrataciones sucesivas para cubrir necesidades recurrentes o previsibles. Estas incidencias han dado como resultado la elusión de los requisitos de publicidad o de los relativos a los procedimientos de adjudicación que habrían correspondido. Por este motivo, constituyen un fraccionamiento indebido del contrato y, en consecuencia, un incumplimiento de los artículos 99.2 y 118.3 / 118.2" de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).

Ausencia de auditoría

La Sindicatura de Cuentas también denuncia que, a la conclusión de su trabajo de campo en junio de 2023, el CEJFE de la Generalitat "no se había sometido a auditoría alguna de cumplimiento de las medidas de seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal, en contra del Real decreto 1720/2007, que establece que como mínimo debe ser una auditoría bienal".

Asimismo, "el CEJFE no disponía de una auditoría de cumplimiento de los requerimientos del Esquema Nacional de Seguridad, en contra de lo que establece el artículo 34 de su reglamento". Ni tampoco publicó "toda la información requerida por la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno".