"El gobierno español que se preocupa de España y deje en paz a Cataluña". Así de tajante se ha mostrado la alcaldesa de Ripoll, la ultra Sílvia Orriols, después de que el delegado del Ejecutivo en la comunidad, Carlos Prieto, le haya pedido al ayuntamiento un informe aclarando la gestión del empadronamiento de inmigrantes.
En un mensaje en las redes sociales acompañado por los hashtags "gobernemos Ripoll" e "independencia unilateral", la líder de Aliança Catalana ha respondido así al tirón de orejas del gobierno de Pedro Sánchez.
Sin acceso a los derechos más básicos
Prieto le ha pedido que entregue, en un plazo de 20 días, un documento sobre la gestión del padrón municipal ante las denuncias de trabas en los trámites de personas inmigrantes. Se quejan de que no pueden acceder a la escuela o los servicios sanitarios.
Si bien algunas familias se han marchado a otros municipios más amables, otros permanecen a la espera para acceder a los derechos más básicos. Uno de ellos es Brahum Bounash, vecino desde hace 16 años, quien no ha podido empadronar a su mujer y sus tres hijos recién llegados.
El CAP exige que paguen las visitas
De hecho, aún no han podido comenzar a aprender castellano --por lo que ven los dibujos sin volumen-- y, cuando recientemente enfermaron y visitaron el Centro de Atención Primaria (CAP), los responsables exigieron a sus padres que pagaran la visita.
Por denuncias como esta, el Gobierno quiere comprobar que el ayuntamiento da cumplimiento a la normativa estatal vigente a la hora de tramitar los expedientes y de cumplir con los plazos. "No permitiremos actitudes xenófobas ni en esta ni en ninguna otra Administración", ha avisado Prieto en redes sociales.