La ‘exconsellera’ de Salud catalana asegura que insinuar retrasos en la vacunación Covid de policías y guardias civiles es una ofensa a los sanitarios

La exconsellera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Alba Vergés, ha acudido este viernes a declarar de forma voluntaria ante el Juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona en calidad de investigada por presuntamente haber ordenado la paralización de la vacunación contra el Covid-19 a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Antes de entrar a los juzgados, la ahora vicepresidenta primera del Parlament se ha defendido de las acusaciones de sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, quienes llevaron el caso a los tribunales. Vergés sostiene que las decisiones que se tomaron en el marco de esta “campaña de vacunación sin precedentes” siempre se hicieron siguiendo “criterios estrictamente sanitarios” y que no se discriminó a nadie.

"No hubo excepciones"

La exconsellera denuncia que los sindicatos policiales han hecho acusaciones contra Salud sin “ninguna base ni fundamento” y reitera que esto no sólo supone una “ofensa” hacia los profesionales sanitarios que se implicaron en esta campaña, sino que “cuestiona” las decisiones que se tomaron. 

En esta línea, reitera que la campaña fue "un éxito" y que se protegió “a toda la población sin excepciones”, comenzando a vacunar a las personas más vulnerables. “Que sindicatos de Policía Nacional y colectivos de la Guardia Civil hagan estas acusaciones es muy grave”.

Evita pronunciarse sobre los mensajes

Sobre los mensajes de Whatsapp que una asesora de Vergés envió a la Dra. Carmen Cabezas, la secretaria de Salud Pública y entonces subdirectora general de promoción de la Salud, y aportados por esta última a la causa, de los que se desprenden que la orden de retrasar la vacunación vino de la cúpula de Salud, Vergés se ha limitado a decir que “los criterios que se siguieron fueron los sanitarios y todas las decisiones se sustentaron sobre ellos”.

Sin embargo, el juez cree que la decisión adoptada por altos cargos del Departamento de Salud con respecto a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil destinados en Cataluña fue "arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria" y que respondieron a un rechazo hacia estos colectivos.