Marlaska se aferra a la ley de amnistía para ahorrarse el marrón de poner escolta a Puigdemont

En la última reunión mantenida con el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, en la sede de Madrid del ministerio que dirige, Marlaska ha vuelto a dar largas aduciendo que hay que esperar a que la Abogacía del Estado se pronuncie mediante la emisión de un informe.

“No es de recibo” 

Preguntados por esta dilación, desde la Consejería de Interior se limitan a confirmar que seguirán insistiendo hasta que el Gobierno autorice poner escolta a Puigdemont en el extranjero. “No es de recibo que no se haya autorizado todavía, es una cuestión de seguridad”, subrayan. 

Reunión entre Marlaska y Elena MINISTERIO DEL INTERIOR

En el otro extremo, Jacobo Rodríguez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), avanza que interpondrán una querella por un presunto delito de malversación de los caudales públicos en caso de que Interior ceda a las exigencias de los independentistas y decida poner protección en Bélgica a Puigdemont, sobre el que recuerdan que pesa una orden de detención del Tribunal Supremo. 

Piden que Bélgica asuma su protección

“Si hay un riesgo tendrán que valorarlo las autoridades belgas, que son quienes deberían asumir su protección”, reitera Rodríguez, que insiste en que ni siquiera los ministros españoles viajan con escolta cuando se mueven por la Unión Europea “salvo en casos muy puntuales”.

“Actualmente Puigdemont es un prófugo de la justicia, por lo que si hay que enviar a policías sería en todo caso para detenerlo”, subraya. Sobre el hecho de que sean los Mossos d’Esquadra quienes viajen armados hasta Waterloo para velar por su protección, desde el SUP recuerdan que el Ministerio de Asuntos Exteriores de ambos países tendría que autorizarlo.

Algo que aseguran que es inédito, pues cuando un ministro de otro país viaja a España no lo hace con la policía de su nación, sino que es la policía española quien pone sus medios para su protección.

Un coste de 400.000 euros anuales 

El coste que supondría para las arcas públicas, según la estimación del sindicato policial, ascendería a los 400.000 euros anuales, teniendo en cuenta que se necesitarían entre 10 y 15 policías para trabajar en diversos turnos. 

“Además de detraer a agentes que podrían destinarse a la seguridad ciudadana habrá que pagarles un sueldo con extras por el hecho de estar en otro país, como dietas por desplazamiento”, recuerda el portavoz.

La carta de Elena 

Hace ahora dos meses el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, solicitó por carta al ministerio que se le proporcionase, como a cualquier expresident, un servicio de escoltas "adecuado y dimensionado". “Te pido que des las instrucciones necesarias para el efectivo cumplimiento al artículo 42 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", solicitó a Grande-Marlaska. 

El 'conseller' de Interior, Joan Ignasi Elena LUIS MIGUEL AÑÓN

Asimismo, pidió al ministro que iniciara los trámites oportunos con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con las autoridades belgas para autorizar que los Mossos d’Esquadra pudiesen viajar con sus armas reglamentarias para prestar este servicio en Bélgica. Un asunto que todavía no se ha resuelto. 

Cambio de cromos por los Presupuestos 

Mientras tanto, el Ministerio de Interior intenta ganar tiempo para evitar tomar una decisión que podría debilitar al partido. En caso de doblegarse a ERC, se enfrenta a querellas como la que prepara SUP por autorizar la protección de un prófugo, pero en caso de no hacerlo, los socialistas corren el riesgo de que el pacto con los independentistas vuele por los aires. 

Así las cosas, desde la Consejería de Interior evitan tensar la cuerda demasiado para no poner en jaque los Presupuestos 2024, pues necesitan los apoyos del PSC para sacarlos adelante.