Junts ha vuelto a reclamar que se sancione a las empresas que no quieran retornar su sede social a Cataluña después de abandonar el territorio durante los días más críticos del procés en 2017. Esa es una de las condiciones que ponen los neoconvergentes a cambio de dar su visto bueno a los tres decretos anticrisis del Gobierno que se votarán mañana en el Congreso de los Diputados y que, por ahora, no cuentan con sus siete votos al considerar que retrasan la amnistía.
El portavoz del partido, Josep Rius, ha pedido que se aprueben incentivos fiscales para las compañías que continuaron radicadas en el territorio y para aquellas que decidan volver. Además, propone multar a las que persistan en mantener el domicilio social fuera de la comunidad pero sí cuenten con el centro operativo en el territorio.
Acuerdo para facilitar el retorno
Esta petición no es nueva. Los neoconvergentes ya la pusieron sobre la mesa hace meses. En ese momento, hablaron de negar el acceso a ayudas, exenciones o medidas de apoyo público a las empresas que consideran fugadas y que no decidan realizar el cambio de sede a la inversa. Los socialistas la rechazaron y aseguraron que era inaplicable.
El portavoz de Junts, Josep Rius, en una rueda de prensa del partido
En el acuerdo de investidura que rubricaron Junts y PSOE se apuntaba que se negociaría facilitar el retorno de las empresas fugadas. En concreto, el pacto entre ambas formaciones recoge que "se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años".
Más de 7.700 compañías fugadas
El acuerdo fue celebrado por la patronal catalana Foment del Treball, el principal impulsor del retorno de las empresas a Cataluña. Sin embargo, y al contrario de lo que propone el partido del expresidente catalán huído de la justicia, siempre ha apostado por un retorno sin coercitivas ni bonificaciones de ningún tipo. La patronal apunta que lo contrario incurriría en una discriminación para las compañías que no han movido su domicilio social a lo largo de los años.
Desde octubre de 2017 hasta julio de 2023, un total de 7.743 compañías han movido su sede social fuera de Cataluña, según datos de Informa D&B. La inseguridad jurídica que se vivió en el territorio hace poco más de seis años y medio explica el grueso de los movimientos empresariales ejecutados alrededor de la declaración simbólica de independencia unilateral, pero no justifica todos los traslados.
Presión fiscal catalana
La patronal recuerda de forma cíclica que Cataluña es la autonomía con una presión fiscal más alta para la actividad económica. El tramo local del IRPF es alto, aunque la principal diferencia impositiva respecto al resto de España está en los impuestos de donaciones, transmisiones y en el del patrimonio.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en una sesión plenaria
De hecho, Foment del Treball ha activado una acción legal contra este último gravamen. Advierte de que incurre en una duplicidad de tasas y advierte a la Generalitat de que está dispuesto a llegar a los tribunales europeos para demostrar este extremo y forzar que se reduzca a la mínima expresión.
Por ahora, el Govern mantiene su confianza en unas tasas de recaudación autonómica. En los últimos años, además, ha reforzado los impuestos propios con nuevas figuras como la tasa a las bebidas azucaradas o a los barcos.
En un comunicado, la patronal considera que este tipo de propuestas no son "aceptables". En palabras de su presidente, Josep Sánchez Llibre, Foment mantiene la tesis de que "la normalidad institucional y la creación de un clima económico favorable son el contexto necesario para favorecer el retorno de aquellas empresas que se marcharon si es que lo consideran necesario".