La regulación de apartamentos turísticos del Govern sigue adelante, aunque no como lo pretendía. Su decreto ha superado este miércoles la convalidación en el Parlament después de conocerse los importantes cambios que el PSC ha arrancado a ERC y que, entre otras modificaciones, elimina el tope del 10% de vivienda destinada a usos turísticos en los municipios afectados.

Los diputados de PSC, ERC, Comunes y CUP han votado a favor del proyecto de ley, frente a Junts, Vox, Cs y PP. En total, 78 síes, 50 noes y ninguna abstención que permiten que la nueva norma siga su tramitación parlamentaria para incorporar dichos cambios durante el primer trimestre de 2024 y aprobarlo en el último pleno de la cámara catalana en marzo.

El PSC se alinea con ERC, que cede

El PSC ha defendido el acuerdo firmado con ERC. “Creemos que debemos regular los pisos turísticos, pero no de espaldas a los ayuntamientos y cada municipio dirá cuántos quieren, más o menos, o si no quiere ninguno”, han señalado. El diputado Óscar Ordeig ha justificado los cambios en el hemiciclo, tras una negociación "complicadísima" porque se habían encontrado "un decreto ya hecho".

Ester Capella, 'consellera' de Territorio Generalitat

De esta forma, el partido de Salvador Illa se alinea con el de Pere Aragonès, cuya consellera de Territorio, Ester Capella, ha aseverado que la regulación “no pone en problemas a los pequeños propietarios con segundas residencias porque no se están prohibiendo los viviendas turísticas, sino que las ordenamos y equilibramos”.

Junts, a Aragonès: "Salvador les salva de nuevo"

El debate ha servido para dejar claro esa cercanía de los republicanos hacia los socialistas que no se produce hacia los posconvergentes, y que muy probablemente marcará las negociaciones por los Presupuestos de 2024. La titular de Territorio ha aprovechado varios segundos del debate para lanzar un dardo a Junts, partido al que ha reprochado que vaya "con la derecha" porque "se sienten más cómodos con ella".

Joan Canadell, diputado de Junts Luis Miguel Añon Barcelona

En respuesta, el diputado de Junts Joan Canadell ha criticado el "tono" de Capella y ha justificado su no al considerar que el decreto "no resolverá el problema de la vivienda y pone en riesgo la actividad económica de los municipios que dependen del turismo". También ha ironizado sobre esta nueva alianza entre PSC y ERC. 

"Salvador --Illa-- les salva de nuevo de su enésimo desastre político, que lo pagarán miles de propietarios", ha manifestado en el hemiciclo.

El resto de grupos parlamentarios que se han opuesto al proyecto compran esta tesis y coinciden en que el decreto creará "una gran inseguridad jurídica". Como Ciudadanos, que aventura que "empeorará" el acceso a la vivienda y que es un "patadón hacia delante" del Govern.

Estos son los cambios pactados que diluyen el 'decretazo'

Entre los cambios que se introducirán los próximos meses, destaca la eliminación del tope del 10% de licencias de viviendas turísticas contemplado por el Ejecutivo catalán. De esta forma, serán los ayuntamientos los que decidan el máximo de inmuebles destinados a acoger a visitantes según su modelo, siendo una reivindicación de parte de las localidades costeras con mayor dependencia económica de esta actividad.

Asimismo, queda reducido el alcance de la nueva norma, que inicialmente se desplegaría sobre 162 municipios. Finalmente, afectará a las 140 localidades con un mercado inmobiliario tensionado. Se deja la puerta abierta a que los consistorios cuyos municipios no tengan dicha consideración y quieran acogerse a la regulación lo hagan de forma voluntaria.

Turistas en las Ramblas de Barcelona David Zorrakino Europa Press Barcelona

Otra de las modificaciones permitirá renovar de forma automática las licencias turísticas con validez durante cinco años para "descargar de trabajo" a los consistorios.

Recurso ante el Tribunal Constitucional

Fuera del Parlament, las organizaciones empresariales que representan los intereses de los propietarios de pisos turísticos han lamentado la aprobación de la ley. El presidente de Federatur, David Riba, y el de Apartur, Enrique Alcántara, han coincidido en que el decreto de medidas urgentes es "malo" para la economía.

Tal y como ya habían anunciado, han avanzado que buscarán las complicidades necesarias para que se interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional. El popular Daniel Serrano ha sido el primero en recoger el guante y ya ha avanzado que pedirán que los magistrados analicen si la normativa catalana encaja en la Carta Magna.  

Sede del Tribunal Constitucional, pilar de la Justicia española Efe

Según Federatur, la regulación no resolverá el principal problema que persigue, que es ampliar la oferta de vivienda en Cataluña para que bajen los precios. Apartur ha ido un paso más allá y ha declarado que el decreto es “turismofóbico” y ha recordado que los afectados no han tenido ni voz ni voto en su desarrollo. Ahora, les queda la vía judicial.

Camino a los Presupuestos 2024

Aragonès ha aprovechado el pleno de este miércoles para intentar allanar el camino hacia los Presupuestos 2024. El president ha llamado a PSC, Junts, Comunes y la CUP a seguir negociando, aunque a nadie se le escapa que sus posibilidades de aprobar las nuevas cuentas pasan sobre todo por Salvador Illa, en quien ya encontró su muleta para sacar adelante los prespuestos de 2023.

Proyecto del complejo de ocio Hard Rock

Además, ninguno de estos partidos se ha borrado de sentarse a negociar, aunque los Comunes insisten en su línea roja, la no construcción del macroproyecto de casinos Hard Rock que sí que exigen los socialistas; un detalle de importante calado por el devenir de las conversaciones y del que el president ha preferido pasar por alto una vez más.

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