El polémico decreto que planea el Govern en materia de pisos turísticos contará con el visto bueno del PSC. Los socialistas han acordado el voto favorable a su convalidación este miércoles en el Parlament tras haber conseguido "importantes" concesiones de ERC, como la eliminación del tope del 10%, entre otros.
Así, el PSC ha 'arrancado' a ERC el compromiso (firmado por la portavoz republicana Marta Vilalta y la socialista Alícia Romero) de introducir las modificaciones durante la tramitación parlamentaria, que seguirá la vía de proyecto de ley en vez de la de un decreto ley urgente, como pretendía el Ejecutivo catalán; ahora cuentan con aprobar la nueva norma en el último pleno del mes de marzo.
Sin un tope fijo y con menos municipios afectados
Entre los mencionados cambios, destaca la eliminación del tope del 10% de licencias de viviendas turísticas contemplado por el Ejecutivo catalán. De esta forma, serán los ayuntamientos los que decidan el máximo de viviendas destinadas a uso turístico según su modelo, siendo una reivindicación de parte de las localidades costeras con mayor dependencia del turismo.
Asimismo, queda reducido el alcance de la nueva norma, que inicialmente se desplegaría sobre 262 municipios; finalmente, afectará a las 140 localidades con un mercado inmobiliario tensionado. Sin embargo, los consistorios cuyos municipios no tengan dicha consideración y quieran acogerse a la regulación, podrán hacerlo de forma voluntaria.
Otra de las modificaciones permitirá renovar automáticamente las licencias turísticas con validez durante cinco años para "descargar de trabajo" a los consistorios.
El Govern insiste: ordenación, que no prohibición
“Creemos que debemos regular los pisos turísticos, pero no de espaldas a los ayuntamientos y cada municipio dirá cuántos quieren, más o menos, o si no quiere ninguno”, aclaran fuentes socialistas. Para Óscar Ordeig, la negociación "ha sido complicadísima" porque se han encontrado "un decreto ya hecho", y ha recordado a ERC su compromiso de introducir las modificaciones que "mejoran el modelo".
Por su parte, la consellera de Territorio, Ester Capella, ha defendido durante el debate que la nueva norma “no pone en problemas a los pequeños propietarios con segundas residencias porque no se están prohibiendo los viviendas turísticas, sino que las estamos ordenando y equilibrando”. También ha aseverado que “quien quiera seguir alquilando su propiedad podrá seguir haciéndolo, también de forma temporal”.
También ha intervenido el president Pere Aragonès, que ha pedido el apoyo del resto de partidos "para frenar un incremento indebido de las viviendas turísticas que compromete el mercado de la vivienda". En este sentido, ha insistido en que, a pesar de la reducción de la oferta habitacional, hay un incremento de viviendas construidas para turistas.
Advertencia del regulador catalán
El texto inicial había provocado una gran controversia. Por eso, varias decenas de personas integradas en la Plataforma de Afectados por el Decreto contra HUTs han protestado frente al Parlament mientras se desarrollaba el debate.
La semana pasada, la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) lanzó una advertencia contundente al Govern, a pesar de avalar la normativa. Para el regulador, la propuesta “no supera el análisis de necesidad y proporcionalidad, inherente a la buena regulación del mercado”.
Mientras tanto, el presidente de la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur), David Riba, describía la propuesta del Govern como "un abuso que pone en peligro a miles de pequeñas y medianas empresas".