Las calles y los tribunales son el escenario de la guerra de las banderas que se libra en algunos municipios catalanes gobernados por el independentismo, que en señal de protesta desobedecen la ley y deciden colgar una estelada en vez de la rojigualda reglamentaria en la fachada de la sede del consistorio. Entidades como Impulso Ciudadano han acudido a la justicia para pedir que las corporaciones locales cumplan con la legalidad, mientras que las brigadas de limpieza, que en su día retiraban lazos amarillos del espacio público, ahora se centran en quitar los estandartes no oficiales que ondean en algunas localidades.
El último caso ha sido el de Ripoll, donde el ayuntamiento gobernado por la ultraderechista Sílvia Orriols ha tenido que acatar finalmente la orden judicial que le obligaba a retirar la estelada y colgar una rojigualda española. La alcaldesa independentista ya quitó la bandera no oficial el mes pasado, y esta semana ha izado la española, después de que Impulso Ciudadano judicializase el caso.
Los pueblos que incumplen
La Asociación Unión de Brigadas ha anunciado que retirará por sus propios medios algunas de las esteladas que cuelgan en los pueblos catalanes. En una serie de tuits, en los que cita a la policía autonómica, los Mossos d'Esquadra, y a los ayuntamientos afectados, el grupo ultraespañolista afirma que descolgará banderas en al menos seis localidades.
Entre ellas, Sant Julià de Vilatorta, Collsuspina, Santa Eulàlia Riuprimer, Taradell, Gurb o Sant Bartomeu del Grau. Asimismo, las brigadas ya han retirado en varias ocasiones la bandera independentista del consistorio de Muntanyola.
¿Qué dice la ley?
Un caso similar es el de Tàrrega, donde las brigadas trataron de "limpiar" el ayuntamiento pero se toparon con "cinco policías custodiando una estelada ilegal", fueron denunciados y el asunto se juzgará en enero. En Sant Sadurní de Osomor, el mismo grupo denuncia que la bandera de España no ondea en el edificio municipal, mientras que hay esteladas pintadas en algunos puntos de la localidad, que han ido borrando.
No solo cuelgan esteladas del balcón de los ayuntamientos gobernados por el independentismo. También en Manresa, en manos de una coalición del PSC con Esquerra, se ha permitido que una bandera secesionista decore la fachada municipal.
Según la ley de banderas, los ayuntamientos pueden ondear la enseña propia del pueblo, pero si lo hacen deben acompañarla de una rojigualda oficial que ocupe un "lugar preeminente y de máximo honor", es decir, debe ser igual en tamaño y su posición debe ser central. Asimismo, para evitar un uso partidista del símbolo nacional, prohíbe "la utilización en la bandera de España de cualesquiera símbolos o siglas de partidos políticos, sindicatos, asociaciones o entidades privadas".