Los ataques al Poder Judicial de la diputada de Junts per Catalunya (JxCat) Míriam Nogueras, que ayer martes señaló durante su discurso desde la tribuna del Congreso a varios magistrados del Tribunal Supremo, del Constitucional y de la Audiencia Nacional -llegando a tildarles de "indecentes" y a exigir su destitución y que sean juzgados-, han suscitado el rechazo de juristas, partidos de la oposición parlamentaria y entidades constitucionalistas. La gravedad de sus insultos y sus amenazantes palabras suponen, a su entender, una embestida inadmisible contra el sistema democrático y la separación de poderes.

Así, desde el ámbito judicial, el presidente interino del Supremo (TS), Francisco Marín Castán, ha sido contundente al emitir este miércoles un comunicado en el que rechaza el "ataque personal" de Nogueras a magistrados del alto tribunal, advirtiendo de que "no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de Derecho".

Paralelamente a este posicionamiento, Marín Castán ha suspendido una reunión prevista para este miércoles a mediodía con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (PSOE), cuyo partido gobierna España gracias al apoyo parlamentario de Junts y del resto de partidos secesionistas catalanes y vascos.

El CGPJ lo ve "inadmisible"

En términos similares, el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha calificado de "inadmisible" en otro comunicado los improperios de Nogueras, y ha anunciado que adoptará las medidas necesarias para proteger a los magistrados señalados desde las filas posconvergentes.

"El señalamiento -y la finalidad que de él se desprende- de varios magistrados del Tribunal Supremo resulta inadmisible en un Estado de Derecho uno de cuyos principios fundamentales es la separación de poderes", ha recordado, contundente, Guilarte.

Asociaciones judiciales piden "respeto"

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), su portavoz Sergio Oliva ha calificado de "sumamente graves" las palabras de Nogueras, y ha afeado a la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, que no retirara sus improperios del diario de sesiones.

Para la AJFV el señalamiento público de magistrados "no sólo debilita al Poder Judicial, sino también al país". Oliva ha lamentado en declaraciones a Europa Press que los miembros del Gobierno que asistían a la sesión de ayer "podrían haber utilizado el turno de palabra para defender a otro poder del Estado y callaron". "Exigimos respeto al Poder Judicial", ha añadido.

Cs: "Un Gobierno digno defendería a los servidores públicos señalados"

Desde el ámbito político, el eurodiputado y secretario general de Ciudadanos (Cs), Adrián Vázquez, ha indicado que "un Gobierno digno saldría inmediatamente a defender a los servidores públicos y periodistas señalados por esta gente".

"El de Sánchez, en cambio, se alía con ellos para erosionar los pilares de nuestra democracia", ha añadido en un mensaje en la red social X.

Indignación en Societat Civil por el "alegato fascista" de Junts

Por su parte, entidades constitucionalistas como Societat Civil Catalana (SCC) también han expresado su apoyo al Poder Judicial, a los policías y a los periodistas "señalados por Junts en un alegato fascista en la sede de la soberanía nacional".

SCC considera que las palabras de Nogueras "constituyen un ataque intolerable al conjunto del pueblo español", a la democracia y al Estado de Derecho.

"Lo que no entendemos es que la Mesa del Congreso no interrumpiera un alegato fascista contra personas obscenamente señaladas por su nombre y apellido", añade la entidad en un comunicado.

En este sentido, SCC considera que las palabras de Junts fueron "toleradas y, por lo tanto, secundadas por los partidos de Gobierno y sus aliados parlamentarios".

Junts, contra el Poder Judicial: "Si no quieres polvo, no vayas a la era"

Durante su soflama ultranacionalista en el Congreso, Nogueras (Junts) calificó de "personas indecentes que deberían ser cesadas y juzgadas" al presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Manuel Marchena, y a los magistrados del tribunal Carlos Lesmes y Pablo Llarena, así como también los periodistas y policías que, según ella, han "atacado a Cataluña". No contenta con eso, además acusó a los magistrados de haber "permitido y bendecido informes falsos" contra el independentismo catalán, y reclamó "poner nombres y apellidos".

Paralelamente, en el Senado, el representante de Junts Josep Lluís Cleries acusó a los togados de emprender una "batalla política" para "intentar torpedear", según él, la ley de amnistía a los encausados del procés.

Esos ataques a la justicia han vuelto a ser celebrados este miércoles desde la formación posconvergente. El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont -fugado en Bélgica tras su golpe al Estado de 2017- ha avalado a Nogueras desde Bruselas. Y el secretario general de Junts, el indultado Jordi Turull, ha expresado su apoyo a la diputada ultranacionalista con unas amenazantes palabras contra el Poder Judicial: "Si no quieres polvo, no vayas a la era". "¡Bien, Míriam Nogueras!", ha añadido el exmandatario de Convergència en su perfil de X.

... Y ahora piden cesar a vocales del CGPJ

Además de todo ello, Junts ha registrado este miércoles una iniciativa en el Congreso que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con mandato caducado sean cesados automáticamente y ha criticado que el órgano de gobierno de los jueces, en funciones desde hace cinco años, "ha desplegado una agenda política propia", según la formación ultranacionalista, poniendo "en duda la actuación de otros poderes del Estado".

En la exposición de motivos, Junts critica lo que llama "instrumentalización política" del Poder Judicial y, en concreto, de su órgano de gobierno, que a su peculiar modo de ver "ha dado lugar a ciertos conflictos que deberían haberse resuelto en el ámbito político".

Falta de "legitimidad democràtica"

La soflama iliberal del partido heredero de la antigua Convergència llega al punto de recriminar al CGPJ una falta de "legitimidad democrática" porque, a su juicio, "ha desplegado una agenda política propia, poniendo en duda la actuación de otros poderes del Estado".

Según Junts, la norma vigente "permite la continuidad indefinida de los miembros del órgano en funciones" e impide "su renovación de acuerdo con las nuevas mayorías parlamentarias".

Por ello, propone la reforma del artículo 570 de la Ley del Poder Judicial para el cese automático de los vocales al cumplir los cinco años de mandato caducado. La formación ultranacionalista plantea que mientras no sean elegidos sus sustitutos, las "funciones estrictamente administrativas y sancionadoras" del Consejo serán ejercidas por tres de los miembros salientes, elegidos de mayor edad al más joven.

Estos tres miembros interinos verían además restringidas sus funciones y no podrán proponer nombramientos ni pronunciarse ante el nombramiento de un nuevo fiscal general. Ni interponer conflictos de atribuciones entre órganos del Estado o emitir informes sobre leyes o acerca de los expedientes de responsabilidad patrimonial "por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia", según sus palabras.

Tampoco se permitiría a estos jueces preparar "informes sobre los proyectos de leyes y disposiciones generales que en virtud de lo dispuesto en el artículo 561 le correspondan".

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